Lo hace en un momento en el que el peso de los desempleados de más de 45 años se sitúa en máximos históricos. El 55,3% de los parados registrados en agosto entraba en este colectivo, un porcentaje que alcanza su mayor cota en este mes tras no dejar de incrementarse desde que existen estadísticas. El porcentaje de desempleo 'senior' supera en 32 puntos porcentuales el anotado en 1996.

Los periodos de bonanza económica y de crisis de las últimas tres décadas tienen algo en común: los trabajadores de mayor edad han ido quedándose atrás a la hora de encontrar oportunidades para reengancharse al empleo. No es una mera cuestión demográfica (el envejecimiento de la población lleva a que la media de edad de los trabajadores sea mayor). Lo demuestra el hecho de que, en un periodo de intensa reducción del desempleo en todas las franjas de edad, como 2022, los parados de 45 o más años se han reducido la mitad que los menores de 25 o los que tienen entre 25 y 44 años.

Esta situación es paralela a la evolución del paro de larga duración y explica las dificultades para reducirlo. Un problema que repercute directamente en una muy difícil situación económica para estos desempleados. Para el Estado también tiene un alto coste tanto en subsidios por desempleo (la mayoría de estos trabajadores han agotado la prestación contributiva) como en complementos de pensión mínima, ya que la salida para muchos de ellos es la jubilación anticipada aún sin haber cotizado lo suficiente para una pensión suficiente. Lo cual explica el modesto resultado de los planes del Gobierno para incentivar el retraso voluntario de la edad de retiro.

Y, aun así, el Gobierno le ha dado poca prioridad a este problema. La mayoría de los planes y los discursos desde la crisis financiera se han centrado en el paro juvenil, mientras ni siquiera el endurecimiento de las prejubilaciones de grandes empresas a partir de 2013 sirvió para revertir una tendencia creciente. El diseño de las políticas activas, muy orientado a las ayudas económicas más que a la inserción laboral, ha contribuido significativamente a este fenómeno. De hecho, ha sido utilizado por muchas empresas en sus esquemas de 'bajas incentivadas'.

Sin embargo, la reacción social en los últimos años, avivada por las redes sociales, ha terminado por colocar la situación de estos parados en el centro de la agenda política. Especialmente significativo es que la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz, utiliza sin ambages el término "edadismo".

Lo hizo el pasado lunes en su comparecencia ante la Comisión de Trabajo del Congreso, donde habló de la "discriminación por razones de edad, que existe en muchas empresas y que las lleva a excluir a este colectivo de sus programas de contratación". No era la primera vez que Díaz critica estas prácticas. Pero esta vez anunció medidas concretas y dirigidas a evitarlo.

Por un lado, anunció que, en 2023, los servicios públicos de empleo darán "prioridad" a los mayores de 45 años en "en todas las políticas activas de empleo tanto en la orientación laboral" como en su formación y cualificación, "adaptándola a las nuevas necesidades". Un paso adelante respecto al decepcionante plan de 2022, donde los mayores de 45 años seguían diluidos en la de otros grupos 'de difícil empleabilidad' pero más reducidos en número de afectados.

Pero más llamativo es que, de forma especial, los servicios públicos "se concentrarán en la intermediación con las empresas haciendo seguimientos personales" de cada una de las personas en esta situación. La propuesta de Díaz contrasta con la baja intermediación lograda por los servicios públicos de empleo (apenas crean el 2% de los empleos), aunque los datos del SEPE muestran que la tasa es más alta entres los desempleados de mayor edad y supera el 9% entre los que tienen más de 55 años. Pero esta mayor coordinación entre los servicios públicos y las empresas permitiría un mayor acercamiento de las políticas públicas a la realidad del mercado laboral, algo demandado por los propios afectados.

En cualquier caso, su mejora requiere del consenso de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en políticas activas de empleo, por lo que el anuncio de Díaz aventura un otoño de intensa negociación para lograr lo que denominó un "acuerdo global".