Los últimos datos del Colegio de Registradores reflejan que ya son casi 3.000 empresas las que han trasladado su domicilio social fuera de Cataluña. Formaciones políticas como Ciudadanos o el Partido Popular prometen establecer incentivos y medidas para fomentar el regreso de estas compañías. Sin embargo, algunas grandes empresas como La Caixa o Sabadell ya han señalado que no se plantean volver a fijar su domicilio social en Cataluña y expertos consultados apuntan que esta es la opción mayoritaria de las compañías que han salido del territorio catalán.

“¿Qué sentido tendría volver a cambiar de domicilio en menos de un año?”, apuntan desde una consultora. Una vez asumida la decisión de trasladar la sede, el regreso solo se plantea si ello repercute en aspectos positivos para la compañía, ya sea en el ámbito productivo o reputacional.

Una muestra de que los desplazamientos pueden tener un carácter indefinido es que, tras el cambio de domicilio social, muchas compañías también han cambiado su domicilio fiscal. Así lo señaló la Agencia Tributaria, que el pasado 15 de noviembre informó de que casi 1.000 empresas habían comunicado el cambio de domicilio fiscal, un proceso más lento que el social. Ello provoca un cierto decalaje.

Según la Ley General Tributaria, el domicilio fiscal será también el social, “siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios”. Empresas que han cambiado de sede están ya desplazando también personal directivo, lo que hace que la decisión sea cada vez más irreversible.

Los partidos nacionalistas catalanes minimizan el impacto de los cambios de sede en la medida en que no supone el traslado de los centros productivos, mientras que los constitucionalistas consideran que el impacto es notable. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró que las empresas que se han ido pagarán ahora los impuestos fuera.

En realidad, el efecto sobre las arcas públicas de la Generalitat por el cambio de domicilio social y fiscal es mínimo en el corto plazo. Si no existe un traslado relevante de personal, el impacto en el IRPF es residual. En el caso del IVA, el reparto entre las comunidades autónomas se decide a partir de criterios de consumo. El impuesto sobre sociedades, el tributo que grava los beneficios empresariales, es de carácter estatal.

Para la caja de la Generalitat, el cambio de sede afecta especialmente al impuesto sobre transmisiones patrimoniales en su modalidad de actos jurídicos documentados, que se abona en operaciones como ampliaciones de capital. En cualquier caso, se trata de un aspecto menor. Los ayuntamientos también se verán afectados en algunos impuestos como el de circulación, que se paga en función de la sede social de la compañía.

Ahora bien, si el cambio de domicilio social y fiscal supone el desplazamiento de cargos directivos, ello empezará notarse en el IRPF. Y en el caso de ejecutivos de empresas cotizadas, la tentación de cambiar Barcelona por Madrid por cuestiones tributarias es elevada. Ello es así porque Cataluña mantiene el impuesto sobre la renta más elevado de España y Madrid aplica el menor gravamen. Un alto directivo de una empresa del Ibex gana de media unos 800.000 euros anuales. Un sueldo de esta magnitud abona en Cataluña 366.583 euros por IRPF.

En Madrid, la factura fiscal asciende 336.525 euros. Un 8% menos. Además, Madrid es la única comunidad autónoma que no aplica el impuesto sobre el patrimonio, lo que supone un incentivo adicional a la atracción de personas adineradas. Hay que tener en cuenta que el impuesto sobre el patrimonio se abona allí donde reside el contribuyente, con independencia del lugar en el que se ubique su riqueza.