Tras la publicación en el BOE de la modificación del decreto de ayudas directas para pymes y autónomos que abre la puerta a las comunidades autónomas para que amplíen el listado de actividades susceptibles de acceder al plan de rescate y modifique los requisitos para las concesiones, los autónomos han iniciado una ofensiva en los diferentes gobiernos regionales para sustanciar estas mejoras, donde buscan reservar al menos el 50% del paquete aprobado por el Ejecutivo, unos 3.500 millones de euros para aquellas empresas cuya caída de facturación en pandemia asciende al 50% respecto al rendimiento obtenido en 2019.

Concretamente, según apuntan desde UPTA, una de las principales asociaciones de autónomos, ya se ha logrado en diversos encuentros con los responsables regionales que el 60% de las autonomías confirme su intención de ampliar los CNAE, es decir, el listado de actividades que pueden solicitar la ayuda. Este listado que manejan las regiones, ampliaría en 25 actividades el acceso a las ayudas, además de las 95 que se recogen en el decreto de aprobación.

Concretamente, estas actividades que en su momento se quedaron fuera del decreto embridado finalmente en el Ministerio de Economía, afectan a áreas de artesanía, comercio y educación. “Son actividades que en la mayoría de los casos y debido a las restricciones sanitarias, cierres perimetrales y otras decisiones administrativas, han perdido como poco el 30% de facturación en este periodo y en muchos de los casos no han facturado ni un solo euro en estos doce meses”, apunta el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

En este sentido, Abad advierte la necesidad de establecer tramos de pérdidas de ingresos, partiendo de una aminoración del 30%, y reservando parte de los fondos para las empresas más afectadas, las que reflejan pérdidas de más del 50% de la facturación, la mayoría asociadas al ámbito del turismo, la hostelería, y actividades como las escuelas de educación ambiental que están recuperando su negocio después de doce meses de parón.

Cabe recordar que la modificación del decreto permite a las comunidades establecer diferentes criterios para el reparto en función de las características y que una de las opciones que se establece para la concesión sería el estricto orden de solicitud de la ayuda en el organismo competente por parte de los afectados. “Si se conceden ayudas por orden de entrada de las solicitudes, puede que miles de actividades se queden fuera”, señalan desde la asociación.

En este punto, recuerda que una de las normas establecidas en la primera redacción del decreto recoge que para los autónomos que se encuentran en régimen de estimación directa, deberán aportar un contraste de documentación sobre el IRPF y el impuesto de Sociedades, mientras que para miles de trabajadores por cuenta propia que no están en esta situación será posible cumplimentar dicha solicitud con solo una declaración responsable que indique la cuantía de la pérdida asumida por sus negocios en los meses que dura la pandemia. Por lo que rechazan la modalidad de la ventanilla única.