Un 50% de los españoles consideran que la independencia del sistema judicial es mala o muy mala, algo que atribuyen a las presiones políticas y económicas, siendo España uno de los Estados miembros de la Unión Europea con peor percepción de su Justicia. Según muestra el barómetro anual europeo, entre los ciudadanos de la UE solo croatas, eslovacos, polacos, búlgaros e italianos confían menos en la independencia judicial que los españoles. En el polo opuesto se encuentran Austria, Finlandia y Alemania donde más de un 80% de sus ciudadanos creen en la independencia de sus jueces y tribunales.

A esto se suma que cada vez menos españoles, un 38%, valoran positivamente la independencia del sistema, un retroceso de seis puntos con respecto al año anterior. En términos generales, un 54% de los ciudadanos de la UE consideran la independencia del sistema de Justicia en su país como buena o bastante buena, mientras que un 35% la percibe como mala o muy mala. Los españoles con una percepción negativa apuntan a las presiones políticas, un 79%, y a intereses económicos, 75%, mientras que no atribuyen tanto la falta de independencia a los propios jueces, 57%, algo que en general sí achacan los ciudadanos de la UE, 63%.

Con respecto a los parámetros de eficacia y rapidez de la Justicia, España se encuentra a la cola de la UE en número de jueces por cada 100.000 habitantes con solo 11,5, un ratio muy inferior al del bloque, mientras que en lentitud de la justicia también está entre los peores con 274 días de media para resolver litigios civiles, comerciales y administrativos. En la presentación de la encuesta, que acompaña al indicador de la Justicia en la UE, el comisario del ramo, Didier Reynders, ha señalado que la tendencia sobre percepción ciudadana se mantiene estable, aunque en aquellos Estados miembros en los que ya había una percepción negativa sigue habiéndola e incluso se ha deteriorado más.

Entre los retos de futuro, el comisario belga ha puesto la digitalización como uno de los elementos a mejorar, resaltando que durante la pandemia de coronavirus casi todos los países de la UE implementaron sistema de videoconferencia y los funcionarios de justicia pudieron trabajar en remoto.