El precio medio del alquiler tendría que rebajarse en 20 provincias españolas si prosperase la propuesta que Unidas Podemos, otras siete fuerzas parlamentarias y los grandes sindicatos han trasladado al PSOE para limitar el coste máximo de arrendar piso al 30% del promedio de ingresos de cada zona. Es la conclusión que se extrae del cruce de los salarios medios que ofrece la Agencia Tributaria con los datos del índice de precios del alquiler elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ambos relativos al año 2018. A esta veintena de regiones, según un análisis que no incluye País Vasco y Navarra por tener regímenes fiscales propios, habría que añadir a Ceuta y Melilla.

A la propuesta, presentada inicialmente por Comisiones Obreras, UGT, CGT, el sindicato de inquilinos, Facua y la PAH –junto a casi un centenar de organizaciones– en plenas negociaciones para sacar adelante la Ley Estatal de Vivienda, se sumaron la semana pasada el socio minoritario del Gobierno junto a ERC, BNG, Más País-Compromís, Junts, Nueva Canarias, Bildu y la CUP, buena parte del bloque de la investidura. Entre otras medidas, piden que las rentas del alquiler se rebajen “a precios ajustados a la mediana de ingresos de los hogares, e impedir subidas que supongan dedicar al alquiler más del 30% de las rentas del trabajo”.

Con este tope, y siempre según los datos oficiales, los precios tendrían que abaratarse en Málaga, donde una persona tiene que destinar el 43,5% de sus ingresos para alquilar en solitario un piso medio, en Sevilla (40%) y en Córdoba (39,4%), las tres provincias que presentan los mayores desequilibrios. Otras son Baleares (39%), Huelva (37,7%), Cádiz (36%), Madrid y Santa Cruz de Tenerife (ambas con un esfuerzo del 36%) y Jaén, Barcelona y Granada, donde se dedica en torno al 35% de los ingresos a costear la vivienda.

El cruce de datos evidencia que, pese a que los mayores precios se concentran en Madrid y algunos municipios aledaños, en Barcelona y su área metropolitana, y en zonas de Baleares y Canarias, los mayores esfuerzos se dan en varias provincias andaluzas, habida cuenta que, aunque los costes del alquiler se encuentran en la mitad alta de la tabla, los salarios son los segundos más bajos del país, solo por delante de Extremadura.

Algo parecido sucede en la región extremeña. En términos medios, con 350 euros mensuales por alquiler, es de lejos la autonomía más barata para arrendar, pero sus bajos salarios hacen que el esfuerzo residencial se sitúe por encima de zonas como la Comunidad Valenciana, Murcia o Aragón, donde los precios del alquiler son más elevados.

La presión salarial más baja a la hora de arrendar un piso medio en solitario se encuentra, por su parte, en Castellón y Lugo (23% y 24%, respectivamente), en León, A Coruña y Lleida (en torno al 25% en los tres casos), y en Asturias, Palencia, Teruel, Ciudad Real y Ávila, donde hay que dedicar aproximadamente el 26% de los ingresos a la vivienda. Analizando únicamente la media de las autonomías, las más asequibles son, por este orden, Asturias, Galicia, La Rioja, Aragón y Castilla y León, mientras que los mayores desequilibrios se encuentran en Baleares, Andalucía, Ceuta, Melilla, Madrid, Canarias y Cataluña.

La propuesta de acotar el alquiler para que nunca supere el 30% de los ingresos medios de cada zona supondría llevar a cabo una limitación mucho más específica y concreta que la que recoge el acuerdo programático firmado a finales de 2019 por PSOE y Unidas Podemos. En el documento se aprobó “poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”, facultado a las comunidades autónomas y ayuntamientos a frenar las grandes alzas y congelar los precios para evitar que superasen un umbral no definido.

Según los datos de un reciente informe de Comisiones Obreras, el 59% de la población que reside de alquiler en España destina como máximo el 30% de sus ingresos a pagar el alquiler, el 22% dedica entre el 30% y el 50%, y el 19% destina más del 50%. Es decir, tres millones de personas, el 41% de los inquilinos, destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler, “un esfuerzo excesivo que supera el máximo razonable según los criterios de solvencia y capacidad de pago”.