Desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, ha trasladado este miércoles los posicionamientos del sindicato de cara a los frentes abiertos cuya negociación se deberá abordar: la subida (o no) del salario mínimo interprofesional (SMI), la segunda parte de la reforma de las pensiones, la ampliación de los ERTE y la derogación de la reforma laboral. En cuanto al primero de los asuntos, sus manifestaciones han sido contundentes: no hay motivos para no incrementarlo este año y no firmarán ningún acuerdo que no contemple una senda de subidas para los ejercicios 2022 y 2023. Álvarez ha situado a la patronal en el centro de los desencuentros que han impedido alcanzar un pacto en las dos reuniones que se han celebrado hasta ahora.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto al secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, comparecen en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a 16 de abril de 2021, en Madrid (España). Durante su comparecencia, han presentado la propuesta de Trabajo para la Conferencia Sectorial en materia de Políticas Activas de Empleo.

“Es que no hay un solo argumento válido para que los empresarios no quieran subir este año el SMI”, ha indicado Álvarez. Sin embargo, se ha mantenido precavido en cuanto al posicionamiento final que adoptará la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), a quien ha reclamado colaboración, ya que “cuando entran en los pactos, estos suelen ser normalmente más equilibrados”, ha señalado. Fuentes de la CEOE han confirmado a EL PAÍS que el resultado del comité organizado por la patronal para este miércoles no ha alterado su posicionamiento inicial: no quieren ninguna subida para el ejercicio actual, aunque se muestran abiertos a una negociación de cara a los años 2022 y 2023.

La barrera, por tanto, es infranqueable para sindicatos y patronal a estas alturas del partido. Álvarez ha señalado que solo estarían dispuestos a flexibilizar sus posturas para 2021 si se establece un acuerdo para los dos próximos años que eleve hasta los 1.060 euros el SMI en 2023. De ninguna manera firmarán un pacto que se circunscriba únicamente a este año. Y mucho menos si la cantidad final no se enmarca dentro de los baremos que solicita el sindicato: entre los 25 y los 30 euros. “Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que la CEOE firme, y si finalmente decide no hacerlo tendrá que explicar a la ciudadanía las razones objetivas por las que no lo hace”, ha advertido el líder de UGT.

Aunque todas las fuentes del diálogo social consultadas coinciden en apuntar que durante las negociaciones no se ha hablado sobre cantidades concretas, lo cierto es que existen algunas líneas rojas de cada una de las partes. La de los sindicatos es, en boca de Pepe Álvarez, que para el año 2022 el salario base alcance los 1.000 euros. De no ser así, y de mantenerse congelado este año y de que no se establezcan acuerdos para el futuro, Álvarez ha advertido que no se quedarán quietos. “Habrá movilizaciones e intentaremos que sean mayores que las que hemos venido realizando aprovechando la mejoría de la situación pandémica”, ha avisado.

Al mismo tiempo ha confesado que de no alcanzarse un consenso con el Gobierno y la patronal en la negociación del SMI, esto podría alterar su sensibilidad de cara a las próximas reuniones. “Nos generaría una situación de incomodidad clara”, ha expresado Álvarez, quien, aprovechando las distintas voces (y posturas) que se han manifestado desde el Gobierno de coalición, ha querido trasladarles un mensaje: “Parece que el Gobierno habla para sí mismo. Que una vicepresidenta contesta a otra, o que un ministro lo hace con otro. Espero que la palabra del presidente del Gobierno pese”, ha sostenido, refiriéndose a la voluntad expresada hace unas semanas por Pedro Sánchez de que la subida del SMI se produzca “de manera inmediata”.

Sobre el baile de tiempos de la entrada en vigor en septiembre u octubre de una hipotética subida del salario mínimo para 2021, Álvarez se ha mostrado alejado de esta guerra interna que mantienen la vicepresidenta económica, Nadia Calviño (favorable a retrasarla un mes, hasta octubre) y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La propia Calviño ha declarado este miércoles, en una entrevista en Onda Cero, que no entendería una cerrazón de la patronal cuando en unos días comenzarán las reuniones para extender el periodo de aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). “No parece lógico que dentro de tres días empecemos una negociación en la que los representantes empresariales digan que hay que extender las bonificaciones y las prestaciones cuando no haya habido un acuerdo. Esto es muy difícil de explicar”, les ha reprochado la vicepresidenta.

Calviño no ha sido la única representante del Gobierno que se ha manifestado hoy acerca de las negociaciones sobre el SMI. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha indicado que una subida “puede afectar en algunos sectores y geografías ―una de las propuestas de la patronal es diferenciar la cuantía del SMI por territorios― de manera limitada. Uno no puede diseñar una política económica que beneficie a todos completamente”. Y ha añadido: “Siempre hay que elegir, y, en la elección, el efecto agregado de redistribución de renta claramente sobrepasa los costes pequeños que pueda tener sobre el empleo cuando uno se maneja en niveles de salarios mínimos razonables”.