El Ministerio de Trabajo y Economía Social está preparando una profunda reforma de las bonificaciones de cotizaciones sociales para el fomento del empleo y de la contratación indefinida. Tan profunda que ahorrará 280 millones de euros. Además, prohibirá a las empresas que reciban estas ayudas despedir a los trabajadores con contratos subvencionados de forma improcedente y no ajustada a derecho durante, al menos, tres años, desde el momento en el que el trabajador inició su labor en la empresa o tuvo lugar la conversión del contrato temporal en indefinido. En caso contrario, la firma tendrá que devolver las ayudas recibidas en un plazo máximo de cuatro años.

Por lo tanto, en este caso, el despido de un trabajador será legal cuando sea por causas objetivas, de forma individual o dentro de un despido colectivo: causas objetivas son económicas, tecnológicas, organizativas y de producción. El Gobierno abre un poco la mano a las empresas, a diferencia de lo que hizo durante los ERTE en la pandemia, y lo que ha hecho en el mecanismo RED vigente: las empresas que se acojan a ayudas públicas no pueden despedir a los trabajadores hasta seis meses de terminada la regulación de empleo.

Precisamente, la semana pasada el Tribunal Supremo le dijo al Gobierno que los despidos en los ERTE durante la pandemia no son nulos. No tiene que obligar a la empresa a readmitir al trabajador. Otra cosa es que sea improcedente, que eso debe determinarlo el juez. En todo caso, el recorte de las ayudas al empleo indefinido y la prohibición de despedir de forma improcedente durante tres años, son dos de las novedades que contiene el borrador de la ley por la que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo y de calidad.

En primer lugar, la norma, suprime todas las medidas de apoyo a la contratación temporal de los trabajadores con problemas de inserción laboral, salvo para las personas discapacitadas, en algunos casos, y los sustituye por medidas de fomento del empleo indefinido de estos trabajadores. Así es que la norma suprime los contratos temporales para personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario y de la ONCE; para víctimas de la violencia de género o en situación de exclusión social. También a los contratos temporales de determinados sectores de Ceuta y Melilla.

Es importante constatar que suprime los contratos temporales de jóvenes desempleados para la sustitución de otros trabajadores en determinados supuestos, y además hace un cambio muy importante para el sector turístico, la hostelería y el comercio. Sobre todo, de las Islas Baleares y de las Islas Canarias. A partir de la entrada en vigor de la ley el Gobierno sólo va a bonificar las cotizaciones sociales de los trabajadores fijos discontinuos de estos sectores en febrero, marzo y noviembre. En lugar del periodo comprendido entre febrero y noviembre. Con esta medida, Trabajo espera ahorrar 155 millones de euros al año. El contrato fijo discontinuo ha cambiado en la última reforma laboral, de tal manera que se ha convertido en indefinido, pero muy flexible para el empresario. Es importante reseñar también que el Gobierno va a suprimir las bonificaciones de las cotizaciones sociales para el autónomo que contrate a un familiar como trabajador indefinido.

Entre todas estas medidas de supresión de contratos temporales y de sus bonificaciones de cotizaciones sociales, Trabajo espera ahorrar 475, 93 millones de euros. Pero a esta cifra hay que restarle 196,93 millones de mayor gasto en el apoyo al empleo indefinido. Por lo tanto, el ahorro final que espera conseguir el Gobierno por la reordenación de las ayudas al empleo indefinido es de 280 millones de euros.

El capítulo de gasto de 196,93 millones se dirige al apoyo a la contratación indefinida de los siguientes colectivos sociales: personas con discapacidad física e intelectual; jóvenes, víctimas de violencia de genero; madres en periodo de lactancia del recién nacido o con riesgo durante el embarazo. Además, para los trabajadores en formación, distintos tipos de investigadores y trabajadores de las cooperativas y las sociedades anónimas laborales. También para parados de larga duración.

Por ejemplo, en este último caso, la contratación indefinida de desempleados de larga duración, con más de un año en el paro, tendrá una bonificación de 110 euros al mes, y 128, si es mujer, en las cotizaciones. Es decir, 1.320 y 1.536 euros al año, respectivamente. Otro ejemplo: los contratos indefinidos con jóvenes de baja cualificación, tendrán una bonificación de cotizaciones sociales de 275 euros mensuales. Por lo tanto, 3.300 euros al año. En los contratos de formación en prácticas, el Gobierno ha prometido a los empresarios bonificar el 95% de la cotización.

El Gobierno quiere estimular el pacto de rentas entre los empresarios y los sindicatos. Y, dentro de éste, los acuerdos de convenio que incluyan compromisos de mantenimiento o creación de empleo; la conversión de contratos formativos o de relevo en indefinidos o la mejora del empleo indefinido a tiempo parcial o fijo discontinuo en empleo indefinido a tiempo completo u ordinario. El Gobierno se compromete a incentivar este tipo de acuerdos en la negociación colectiva en un futuro reglamento. Además, los convenios que los contengan serán considerados como "un criterio social" más a favor de la empresa que opte a un concurso público.