La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto sobre la mesa un asunto espinoso, al anunciar que en breve va a convocar a la patronal y los sindicatos para "debatir" y "abordar" el desarrollo legal de la posible participación de los representantes de los trabajadores en los consejos de administración y órganos de toma de decisiones de las empresas. De salir adelante una norma de este tipo "mejorará la productividad de las empresas y de la economía en general", ha asegurado la titular de Trabajo.

Díaz ya había anunciado durante su intervención la manifestación del Primero de Mayo en Madrid su intención de negociar una Ley de Participación Institucional con los agentes sociales, si bien no ha sido hasta en un encuentro informativo organizado por Europa Press cuando ha concretado qué persigue con esa regulación. Se trataría, según ha explicado, de aprobar una ley que desarrolle el artículo 129.2 de la Constitución española que dice que "los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".

Esto se traduciría fundamentalmente en la presencia en los consejos de administración de los trabajadores a través de su representación legal, algo que según ha recordado Díaz ya existe de forma regulada en 18 países del mundo. El modelo más antiguo de este tipo de representación es la denominada fórmula codecisión de Alemania, presente desde 1976. La norma alemana La ley permite a los trabajadores elegir representantes (normalmente sindicales) para casi la mitad del consejo de administración. Se aplica a las empresas públicas y privadas con más de 2.000 empleados. En el caso de las compañías con entre 500 y 2.000 trabajadores la elección de esta representación se limita a un tercio del consejo.

Sin embargo, Díaz ha reconocido que "la manera de trabajar en España no es la misma que en Alemania" y por eso ha sugerido que el modelo germánico no es trasportable directamente a la legislación española y, por eso, pretende primero escuchar a académicos y técnicos legales y luego a los empresarios y sindicatos, para negociar una regulación de esta participación laboral en las empresas.

"Esto enriquecería a las empresas no solo porque las democratizaría, no hay ningún otro lugar donde se ejerza la democracia de manera tan directa, sino por qué, además, los trabajadores son una parte del talento de los consejos de administración que no se puede perder", ha insistido la ministra. En este sentido ha recordado que ya hay empresas como Navantia o "muchas empresas en el País Vasco" que ya tienen sentados a representantes de sus trabajadores en los consejos de administración. En cualquier caso, ha recordado que, una vez se inicien las negociaciones para regular esta cuestión, "si lo que pienso no funciona, no me da miedo rectificar", dejando así abierta la posibilidad de que se trate de un asunto tan espinoso que pueda no llegar a buen término.

Por otra parte, Díaz ha anunciado que también en los próximos días convocará a los interlocutores sociales para buscar soluciones a la existencia de unas 109.000 vacantes en empresas que no encuentran trabajadores para cubrir esos puestos, algo que la ministra ha equiparado, pero en mucha menor gravedad, a la denominada "gran dimisión" que está experimentando el mercado laboral de Estados Unidos.