El número de microempresas que formó a sus plantillas disminuyó de 249.342 en 2017 a 247.960 en 2018, un 0,6% menos. Esto representa el nivel más bajo desde el año 2009, cuando no llegaron a 200.000 las microempresas que dieron formación. Este problema de la falta de implicación de los empleadores en el reciclaje de sus trabajadores no es tan grave en compañías de mayor tamaño. Así, la mitad de las pequeñas empresas de entre 10 y 49 trabajadores (el 50%) sí formó a sus empleados el año pasado; también lo hicieron el 81% de las que tenían entre 50 y 249 trabajadores; y el 92% de las de más de 250 efectivos.

De hecho, un reducido grupo de grandes empresas aglutinaron el pasado año la mitad de la formación bonificada anual –tanto en número de participantes como en horas de formación– en consonancia con su volumen de empleo. Pero de promedio –y debido al elevado peso de las micropymes en la economía española– solo dos de cada diez empresas (el 21,2%) de todas las registradas en la Seguridad Social decidió usar parte o todo su crédito formativo.

Ante estas cifras, desde la Fundae –fundación dependiente del Ministerio de Trabajo que gestiona las bonificaciones a las empresas para los cursos de formación– ha detectado los problemas de las microempresas para acceder a este tipo de ayudas y están trabajando en una nueva redacción de la norma que regula estos créditos formativos.

Según fuentes de la Administración, en Trabajo están planeando un rediseño del sistema de formación bonificada para facilitar a las micropymes el acceso a los cursos y a su financiación. Este nuevo sistema, que según estas fuentes está aún en un estado muy inicial, diferenciará claramente el acceso a estas ayudas en función del tamaño de la empresa. Y, sobre todo, los encargados de elaborar las nuevas directrices pretenden que los cursos se adapten mucho más a las necesidades de estas microempresas en cada uno de los sectores. Se trataría de ofertar la formación más demanda en cada actividad y evitar así la oferta de otros cursos que no sirvan para el sector donde trabaje la micropyme, explican fuentes conocedoras del proyecto.

En la actualidad, las empresas de 1 a 5 trabajadores solo tienen una ventaja y es que son las únicas que, además de un crédito asignado de 420 euros al año, no deben aportar nada más. Las de entre 6 y 9 empleados cofinancian el 5%; las de 10 a 49 trabajadores; el 10%; en las que tienen entre 50 y 249 empleados, el 20%; y las empresas con las plantillas de más de 250 personas, cofinancian el 40%. Por ello, el pasado año, las empresas usaron 535 millones de euros del crédito que disponían para formación y, además, invirtieron otros 763 millones para formar a sus plantillas.

Pese a esto, y debido fundamentalmente a la exigencia de esta cofinanciación obligatoria, las empresas volvieron a no agotar todo el crédito disponible el pasado año para estos cursos bonificados. Concretamente, los 535 millones antes citados supusieron la utilización del 65% de los 824 millones de crédito disponible (que se fija por lo cotizado por la empresa para formación a la Seguridad Social). Así, uno de cada tres euros destinados a la formación bonificada –y previamente aportados por las empresas a la Seguridad Social– no se gastaron en 2018.