El Ministerio de Trabajo cuantifica en 2.635 millones de euros el dinero que, recaudado con las cuotas de empresas y trabajadores destinadas a formación, se acumula sin gastar desde 2015 cuando entró en vigor la ley 30/2015 del Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, según informan fuentes de los agentes sociales. El montante coincide con el cálculo de empresarios y sindicatos que cifran entre 500 y 600 millones lo que cada año se queda sin ejecutar de los fondos que aportan en la cotización a la Seguridad Social, un 0,6% cobrado a las empresas y un 0,1% a los trabajadores.

Así se informó desde fuentes del ministerio que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la reunión del pasado 8 de abril del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo con datos a 31 de diciembre de 2022. A este dinero hay que sumar el remanente que se haya generado en 2021, que podría elevarse según las fuentes consultadas en unos 600 millones y lo que se haya acumulado en el primer cuatrimestre de este año, otros 150 millones. Es decir, unos 700-750 millones que sumados al remanente de los 2.635 millones acumulados entre 2015 y 2020 arrojaría una cifra que rondaría los 3.300 millones.

La última cifra conocida públicamente corresponde a los ejercicios 2015, 2016 y 2017 cuando se juntaron 1.504 millones de euros, según reconocieron en septiembre de 2018 responsables del Servicio Público de Empleo (Sepe) también en una reunión con los sindicatos y las patronales.

Empresarios, sindicatos y el propio Gobierno coinciden en señalar como responsable a la actual ley 30/2015 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy siendo ministra Fátima Báñez. De hecho, Ministerio de Trabajo y agentes sociales abrieron una negociación para reformar dicha norma, aunque lleva paralizada más de un año, según apuntan los responsables de formación de UGT y de la CEOE. No obstante, el ministerio de Trabajo ha sondeado a empresarios y sindicatos para una reunión en los próximos días o semanas.

Cada año, empresas y trabajadores aportan con sus cuotas de formación unos 2.200 millones de euros que se han de destinar obligatoriamente de manera finalista a la formación de los trabajadores, tanto ocupados como desocupados. Aproximadamente la mitad se reparte con los servicios de empleo público autonómicos para formar a desempleados y la otra mitad se ha de destinar a la formación de los trabajadores ocupados.

Esta última parte se gestiona por el Sepe y las comunidades autónomas a través de ofertas estatales de formación que se dedican fundamentalmente a cualificaciones de entidad más genérica y horizontal (idiomas, digitalización, etc.). En términos generales, cada año debería realizarse una convocatoria con un presupuesto de unos 250-300 millones de euros.

Juan Carlos Tejeda, director de Educación y Formación de CEOE, apunta que se han convocado en 2016 una oferta de 250 millones y en 2018 otras de 350 y actualmente se negocia una nueva de 300 millones más. La falta de convocatorias anuales ha generado parte del remanente, según Tejeda.