El Banco de España puso ayer cifras a este debate que no está exento de polémica. En su documento Estimación del impacto de variación en el periodo de cálculo de la base reguladora sobre la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación, calcula que la posibilidad de ampliar de los 25 años actuales a 35 años -una propuesta que se llegó a barajar ante Bruselas- supondría un recorte generalizado de la cuantía de las nuevas altas de jubilación de un 8,2%.

Este recorte se produce porque con esa ampliación se contabilizan más años pegados al inicio de las carreras laborales, que son por lo general, de peor calidad en las cotizaciones, lo que tira a la baja de la pensión final. Si bien, aunque la ampliación del periodo de cómputo ha sido planteada por el Gobierno en el componente 30 del plan de recuperación, parece que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se resiste ahora a introducir esta medida en la negociación la última fase de la reforma de pensiones, según ha dicho el propio ministro, José Luis Escrivá, quien rechazó taxativamente el pasado lunes esta posibilidad.

Prueba de que una ampliación indiscriminada de este periodo recorta las pensiones puede encontrarse también en este trabajo del Banco de España, que también han cifrado el recorte que se ha producido desde 2011 en las pensiones de jubilación con la ampliación progresiva de los 15 a los 25 últimos años cotizados para calcular la pensión incluida en la última gran reforma de pensiones aprobada aquel año. Dicho recorte "estaría asociado con una caída de la pensión inicial media del 5%", señala este documento.

No obstante, en la negociación en curso para la reforma de la Seguridad Social, Escrivá sí ha indicado que podría plantear que los futuros pensionistas puedan descartar los peores años de su cotización, con el fin de beneficiar a los empleados que hayan sido expulsados del mercado laboral en sus últimos años de carrera laboral. El Banco de España también ha hecho cálculos de esta posible medida, asegurando que "simultanear la ampliación del periodo de cálculo a 35 años con el descarte de los años más desfavorables para determinar la base reguladora permitiría suavizar la caída de la pensión inicial media, al tiempo que reduciría la heterogeneidad de las pensiones entre individuos (si bien la desigualdad caería en menor medida que si se restringiera el periodo de cálculo a los 35 anteriores a la pensión)".

Por ejemplo, esta entidad explica que si se toman en consideración los 29 años más favorables dentro de los 35 años previos a la jubilación (descartando los seis peores ejercicios), arrojaría una pensión media similar a la resultante de tomar en cuenta los 25 años anteriores a la jubilación, o lo que es lo mismo, iguales a las nuevas pensiones que se dan de alta en la actualidad. Eso supone que esta opción sería menos dañina en términos globales que la mera ampliación del periodo de cómputo.

Además, el Banco de España precisa que esta forma de determinar la base reguladora (tomando los últimos 25 años y descartando los seis con peores cotizaciones) produciría, en promedio, un incremento de la prestación inicial de las pensiones que se sitúan por debajo de la mediana con respecto a la situación actual (tomando los 25 años anteriores a la jubilación), pero también habría una caída de la prestación inicial para las pensiones más altas, a las que les costaría más llegar a la prestación máxima.

Finalmente, el estudio muestra un cuarto supuesto en el que se podrían escoger los mejores 25 años de cotización, lo que elevaría un 4,2% la prestación media inicial; llegando a mejorar un 8,2% las prestaciones de jubilación de aquellos que tengan más de un año de lagunas de cotización en su vida laboral y un 7% más de un año en el desempleo.