El Gobierno logró ayer el apoyo de una amplia mayoría del Congreso de los Diputados a su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, en el tercer aval consecutivo cosechado por unas cuentas del Ejecutivo de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos que despeja definitivamente el terreno a que los socios agoten el año que resta de legislatura pese a su minoría parlamentaria. El respaldo de 10 partidos diferentes al proyecto presupuestario avala el despliegue de un gasto social récord en respuesta a la crisis inflacionista y energética que ha agravado la invasión rusa sobre Ucrania, a costa eso sí de unos ingresos inciertos dada la desaceleración económica que, sin embargo, no reconocen las nuevas Cuentas Públicas.

El consenso mayoritario de la Cámara Baja se fraguó a costa de cesiones del Gobierno a sus socios de investidura en forma de nuevas inversiones territoriales, la limitación de la revalorización de los alquileres o la reforma del delito de sedición para reducir sus penas. A cambio, el Ejecutivo presume de lograr "estabilidad" económica y política para afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania y dirigir los fondos europeos para la recuperación.

El proyecto presupuestario, que había ido siendo validado progresivamente por secciones en cuatro maratonianas jornadas parlamentarias, gozó ayer en su última y simbólica votación del respaldo de 187 diputados, el voto en contra de 156 y una abstención. El resultado, anunciado a media tarde de ayer entre aplausos de medio Hemiciclo, apenas fue celebrado con un abrazo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, pues había que dar paso urgente a una nueva sesión plenaria. Después de todo, la de Presupuestos era solo una de las votaciones clave para la recta final de la legislatura que acogía ayer el Congreso, donde acto seguido se debatió la proposición de ley de creación de los nuevos impuestos a empresas energéticas, entidades bancarias y grandes fortunas, y la rebaja de penas del delito de sedición.

Esta última medida, junto con las cerca de 200 enmiendas presupuestarias aceptadas, fue clave para ampliar el apoyo parlamentario al proyecto presupuestario, sumando finalmente a ERC que se había resistido a anticipar su aval pese a haber logrado también un compromiso de inversión en infraestructuras catalanas por valor de 900 millones de euros.

Finalmente, por tanto, los Presupuestos obtuvieron el apoyo de los diputados de PSOE (120), Unidas Podemos (33), ERC (13), PNV (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Coalición Canaria (2), Más País (2), Compromís (1) y PRC (1). A su vez, votaron en contra de la aprobación de las cuentas los representantes de PP (88), Vox (52), Ciudadanos (10), Junts (4), Foro Asturias (1), CUP (2), los dos diputados de Navarra Suma que fueron expulsados de UPN y el diputado de Teruel Existe, que reclamaba a cambio de su aval una relevante rebaja de las cotizaciones sociales aplicadas en los territorios más despoblados. El BNG mantuvo su decisión de abstenerse.

El resultado, en línea con los apoyos obtenidos sobre las cuentas de 2021 y 2022, permite remitir el proyecto presupuestario al Senado para que valide definitivamente las cuentas o, en caso de proponer cambios, las devuelva al Congreso en menos de un mes, lo que permitirá al Gobierno tener las cuentas aprobadas cómodamente antes de final de año y en vigor desde el 1 de enero sin necesidad de prorrogar los Presupuestos vigentes.

Entre los ganadores en la negociación de enmiendas que ha marcado los últimos días de tramitación destaca el caso de Bildu, que entre otras cosas ha conseguido que el Gobierno prorrogue durante todo el ejercicio 2023 el límite del 2% a la revalorización del precio de los alquileres que se puso en marcha la pasada primavera para paliar los efectos de la inflación. La formación también ha acordado con el Gobierno un incremento del 15% en las pensiones no contributivas, nuevas inversiones en País Vasco o Navarra, así como la cesión a esta última Comunidad Foral de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial.

Otra de las fuerzas que mayor número de modificaciones ha podido introducir al Presupuesto, un total de 86, ha sido el PDeCAT, que ha logrado la gratuidad de todas las líneas de autobuses concesionadas por el Estado durante 2023. En paralelo, la formación sella la modificación del régimen de trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante, cambios en los regímenes de cooperativas con el objetivo de que no se vean perjudicadas por la contratación indefinida y un paquete de inversiones de 40 millones para Cataluña.

Esta batería de inversiones en la región catalana es adicional a la acordada por ERC, que incluye destinar 40 millones a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona para la financiación del transporte regular de viajeros; cinco millones para actuaciones en el Maresme N-II; ocho millones para la mejora de la conectividad en la AP-2 y la AP-7 y otros cinco millones para la mejora de la N-260 del Eje Pirenaico.

En paralelo, ERC y Más País han conseguido conjuntamente destinar 24 millones de euros a un plan de salud bucodental a nivel estatal. Más allá, la formación de Íñigo Errejón consigue también medidas de apoyo a las instalaciones de autoconsumo colectivo; dos millones para el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia; un millón de euros para crear el Observatorio de Trastornos de Conductas Alimentarias y un plan de desarrollo de carriles de transporte público.

Finalmente, Compromís saca adelante un incremento de 60 millones en las inversiones dirigidas a Valencia; el PRC obtiene 50 millones para Cantabria; el PNV aumenta en 70 millones la dotación para País Vasco; y Coalición Canaria suma 100 millones para la reconstrucción de La Palma y 81 para la gratuidad de los autobuses en 2023.

Conviene recordar que los grupos registraron 5.461 enmiendas al Presupuesto, de las que el Gobierno vetó 1.200 por afectar sustancialmente a sus gastos o ingresos. Destacan los 378 aplicados a las iniciativas del PP, que ayer denunció que "no se puede ceder todo" para "estar en el Gobierno a cualquier precio".

En paralelo a la propia negociación presupuestaria, después de todo, los socios de la coalición acordaron con ERC una reforma del Código Penal para sustituir el delito de sedición -por el que fueron condenados los promotores del proceso- por el de desórdenes públicos, rebajando de 15 a 5 años las penas máximas, que el Congreso iba a validar a última hora de ayer. A su vez, también concedió al PNV suavizar el impacto del impuesto a las energéticas dejando fuera del gravamen sus ingresos regulados.

Partiendo de un techo de gasto inédito de 198.221 millones (un 1,1% superior al de 2022), el Presupuesto dispara el gasto social un 11%, a 266.719 millones, acaparando seis de cada 10 euros del proyecto. El plan incluye revalorizar las pensiones con el IPC medio anual, al 8,5%, elevar en los mismos términos el ingreso mínimo vital, o subir entre el 2,5% y el 3,5% los sueldos públicos y disparar un 33% la inversión. En paralelo, dibujando un crecimiento del PIB del 2,1% (que contrasta con la horquilla del 1% al 1,5% que ofrecen el resto de analistas institucionales), Hacienda prevé unos ingresos públicos récord de 289.233 millones (un 6,9% más) con un alza de la recaudación tributaria del 7,7%, a 262.781 millones.

El paquete incluye una rebaja fiscal a rentas de hasta 21.000 euros, la reducción del tipo de Sociedades para pymes al 23%, alzas fiscales sobre los rendimientos del capital desde los 200.000 euros y un paquete de nuevos impuestos tramitados en paralelo -a fortunas, firmas energéticas y bancos- o un recargo temporal en Sociedades para los grupos que el Congreso también validó ayer. Fuera de estas cifras queda, sin embargo, el coste de la prórroga del paquete de medidas para paliar el impacto de la guerra en Ucrania, que se dibuja como el próximo pulso parlamentario que afrontará el Gobierno de coalición.