Pedro Sánchez ha participado en su primer debate sobre el estado de la nación como jefe del Ejecutivo. Una cita a la que el Gobierno da máxima trascendencia y que esperan que sirva de revulsivo después de la derrota electoral en Andalucía. El presidente busca con esta cita lograr un rearme ideológico y para ello se reservó el anuncio de nuevas medidas económicas y sociales.

Tuvieron que pasar cuarenta minutos de discurso para que Sánchez comenzara a desvelar una batería de anuncios. Entre ellos, el más significativo y que busca ese rearme ideológico, orientado a un reparto justo de las cargas económicas, derivado de la alta inflación. Esto se traduce en un impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas (eléctricas, gasistas y petroleras), que ya se había anticipado y con el que prevén recaudar 2.000 millones de euros al año.

Y otro adicional, este sí es una novedad, un impuesto excepcional a las grandes entidades financieras que se están empezando a beneficiar de la subida de tipos. Estará en vigor durante dos años y calcula el Gobierno que permitirá recuperar 1.500 millones de euros anualmente. "Los beneficios no caen del cielo, sino de los bolsillos de los consumidores", señaló.

Supone que despojará a las entidades del 8,5% de los 17.700 millones de euros que los analistas proyectan que ganará la banca cotizada este año (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) y otro 7,9% de los 18.900 millones estimados para 2023. El simple anuncio provocó un terremoto en bolsa que se tradujo en pérdidas para sus accionistas del doble de la recaudación prevista -la capitalización conjunta sucumbió en 5.300 millones-.

Sánchez justificó que gravará "a las entidades financieras que se están beneficiando de la subida de los tipos de interés", algo que las patronales se apresuraron a cuestionar. "Conviene recordar que la subida de tipos supone una normalización de la política monetaria, tras una década ultraexpansiva, y que no podemos anticipar su impacto neto en los balances de las entidades", indicó la CECA, subrayando que "es una medida que no contribuye a armonizar los regímenes fiscales dentro de la Unión Bancaria".

Para el portavoz de la AEB, José Luis Martínez Campuzano, la medida refleja "la improvisación jurídica" en que opera "un sector tan importante para la economía y la sociedad". Denunció que "distorsiona el mercado" porque, entre otras cosas, no hay impuestos así en los principales mercados europeos, lamentó que el sector "no ha sido consultado ni informado", y cuestionó que la simple subida de tipos vaya a mejorar la rentabilidad del sector porque busca doblegar la inflación y podría desacelerar la economía.

También, el Ejecutivo bonificará el 100% de los abonos de varios viajes para los trenes de servicio público de cercanías, rodalies y media distancia operados por Renfe. Serán gratuitos durante cuatro meses, desde septiembre hasta el 31 de diciembre. Asimismo, se pondrá en marcha una beca de 100 euros mensuales para todos los estudiantes mayores de 16 años que ya disfrutan de una beca. Estiman que la recibirán cerca de un millón de alumnos, entre septiembre y diciembre. "Vamos a por todas", repitió en varias ocasiones Sánchez, confrontando su modelo de respuesta a la crisis con el del PP que "cargó todos los sacrificios sobre los más débiles y los más indefensos".

El presidente del Gobierno comenzó con un discurso empático, la gran tarea pendiente. Después de las sucesivas derrotas electorales, en Moncloa son plenamente conscientes de que sus mensajes no llegan a la calle y que Sánchez tiene una importante crisis reputacional. El presidente trató de paliar esta sensación, asegurando comprender "la angustia, la frustración y el enfado de todos, porque también es el mío, me hago cargo del estado de ánimo de la gente", dijo. Sánchez no puso paños calientes y huyó del triunfalismo, desde el inicio de su intervención puso el foco sobre el gran problema y la gran preocupación: la inflación. Una lacra que está suponiendo una dificultad añadida para la vida cotidiana de los españoles.