Tras la ronda de contactos con los ejecutivos de las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Acciona) y las principales asociaciones industriales, el Ministerio para la Transición Ecológica ya tiene perfilados los cambios que va a introducir en el polémico Real Decreto Ley (RDL) del 14 de septiembre que incluye un importante recorte de los ingresos de las tecnologías que no emitan CO2 (nuclear, hidroeléctrica y renovables que van a mercado) y hayan internalizado el precio marginal del gas (beneficio llovido del cielo o windfall profit) en el pool eléctrico.

Tal como adelantó el jueves pasado de manera sumaria la titular del ministerio, Teresa Ribera, en el debate para la convalidación del RDL en el Congreso, a las eléctricas que ofrezcan un precio “razonable” a la industria se les suavizará el recorte. Más concretamente, según fuente conocedoras del proceso, se librarán de la minoración los contratos bilaterales pasados (anteriores al 14 de septiembre) y futuros (desde esa fecha) firmados por las generadoras con cualquier tipo de cliente (no solo industrial) a un precio que no recoja la escalada del mercado mayorista. Las modificaciones en la norma se incluirán en un próximo nuevo real decreto ley, que servirá de “desarrollo” del que está ahora en vigor.

Muy probablemente, según las mismas fuentes, este precio “razonable” rondará los 60 euros MW/h, teniendo en cuenta que el inframarginal de la nuclear es de 57 euros/MWh, esto es, el que incluye sus costes fijos y variables y le proporciona una cierta rentabilidad.

La consecuencia final de este cambio es que el Gobierno ya no logrará los 2.600 millones de euros que, por este concepto, quería recaudar hasta abril, destinados al aliviar la factura de los consumidores con una reducción de los cargos de los peajes, del que estos disfrutan desde el 14 de septiembre. El déficit sería cubierto con fondos públicos. Al fin y al cabo, la única medida de choque que recomienda la Bruselas para aliviar la crisis energética es ayudar a los consumidores y las empresas vía Presupuestos.

En su artículo 6 (apenas tres líneas a modificar) el RDL en vigor señala que la minoración afectará a las citadas tecnologías, “con independencia de la modalidad de contratación utilizada”, lo que abarca a toda la electricidad vendida mediante contratos bilaterales a largo plazo, a precio cerrado al margen del pool y con cobertura.

Aunque el ministerio rectificó y eximió del recorte a los contratos entre generadora y cliente final, los mantuvo para los firmados entre las generadoras y comercializadoras de un mismo grupo empresarial, que ahora también se librarán. Iberdrola y Endesa, denunciaron que ello afectaba a toda su hidráulica, nuclear y parte de la renovable, pues la venden toda a plazo y a precio cerrado a sus comercializadoras.

Este hecho, unido a una fórmula de minoración ligada al precio del gas, que al dispararse duplicaba el tajo a las afectadas, hizo recapacitar al ministerio, que vio cómo la onda expansiva llegaba a la industria y dinamitaba sus contratos bilaterales. En España estos son de plazos cortos: entre uno y dos años. Las eléctricas no tardaron en advertir a sus clientes industriales la imposibilidad de mantener los actuales precios, apelando a unos cambios regulatorios confiscatorios (en ciertas horas, el impuesto, como llaman en el sector a la minoración, es superior a los ingresos). Por su parte, siderúrgicas, como Sidenor o ArcelorMittal, han anunciado paradas en su producción ante la imposibilidad de asumir la factura energética.