El Gobierno obligará a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras e industriales, una medida que se incluirá en un plan de choque para amortiguar el impacto en la factura de la luz de la subida de precios de la electricidad en el mercado mayorista. Así lo ha anunciado este lunes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en declaraciones a Antena 3. Ribera ha explicado que el Ejecutivo trabaja desde principios de verano en un paquete de medidas para abaratar el recibo eléctrico y que prevé llevar a Consejo de Ministros en las próximas semanas.

Los precios de la electricidad en el mercado mayorista se encuentran actualmente en máximos históricos por los altos costes del gas natural y los derechos de emisión de CO2. El gas se utiliza en los ciclos combinados, las centrales más caras y que están marcando el precio al que retribuyen todas las energías que participan en el mercado. “La perspectiva del gas sigue siendo preocupante”, ha advertido Ribera. Las medidas incluirán el fortalecimiento de la cobertura a los consumidores vulnerables e iniciativas que aseguren que las malas prácticas en el uso de las concesiones hidroeléctricas [venden su producción cuando los precios de mercado están más altos para maximizar sus beneficios] no se vuelva en contra de los consumidores.

Además, según la titular de Transición Ecológica se crearán mecanismos de mercado “alternativos” compatibles con el derecho comunitario para que las empresas con un “peso importante” en el sector deban vender parte de su energía a las pequeñas comercializadoras o a industriales “a un precio fijado por subasta”. Europa no permite que los gobiernos fijen precios de tecnologías como la hidráulica o la nuclear [más baratas de producir], ha recordado Ribera, subrayando que por ello están trabajando en pujas en las que las distintas tecnologías subasten su producción al precio al que la quieran comprar las pequeñas comercializadoras o los industriales.

“Evidentemente, habrá un suelo, que son los costes, pero no porque el Gobierno decida y publique de manera obligatoria el precio al que se debe vender, porque esto no nos lo permite Europa”, ha argumentado referencia a la petición de sus socios de Gobierno (Unidas Podemos) de intervenir el precio de la hidráulica o la nuclear. El objetivo es “hacer las cosas bien”, para evitar batallas legales o arbitrajes internacionales, y buscar otros modos para fijar el precio de la energía al margen del mercado mayorista, según Ribera, que en reiteradas ocasiones ha abogado por “achicar” el pool.

“El crecimiento exponencial del pool no se ha reflejado en las facturas. Alguna gente ha pagado lo mismo, otra algo menos u otra algo más”, ha afirmado Ribera, tras recordar que el Ejecutivo ha rebajado temporalmente el IVA que graba el recibo eléctrico y suspendido el impuesto a la generación. En todos los países de la Unión Europea, el precio mayorista de la luz se fija por horas tras casar la oferta de los productores con la demanda prevista por el gestor del sistema y mediante un sistema marginalista que implica que la última tecnología en entrar (generalmente la más cara) sea la que marque el precio al que serán retribuidas todas las centrales que aporten energía en esa hora.

En España el precio del pool tiene un peso en torno al 24% en la factura de la luz de más de 10 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), mientras que en otros países la tarifa regulada se calcula tomando como referencia otros indicadores.