El PSOE y el PP han cerrado un acuerdo para renovar cuatro miembros del Tribunal Constitucional; el Defensor del Pueblo y su adjunto; los doce consejeros del Tribunal de Cuentas; y la directora y la adjunta de la Agencia de Protección de Datos. Según han informado ambos partidos, “todos son nombres de consenso”, “profesionales de reconocido prestigio” con una “dilatada trayectoria profesional”.

El acuerdo entre PSOE y PP llega justo ocho días después de que en el Pleno del Congreso el líder del PP, Pablo Casado, ofreciera al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, renovar estos órganos constitucionales dejando al margen el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que fue la causa de que se truncaran las negociaciones el pasado mes de febrero.

Fuentes de la negociación ya habían confirmado esta tarde a Europa Press que habían cerrado un acuerdo para que el exministro y exportavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, sea el próximo Defensor del Pueblo, un órgano pendiente de renovación desde julio de 2017. La adjunta al Defensor del Pueblo será la diputada sevillana del PP Teresa Jiménez Becerril.

Los nombres acordados por PSOE y PP para el Tribunal Constitucional son Enrique Arnaldo Alcubilla (letrado de las Cortes Generales); Concha Espejel Jorquera (presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional); Inmaculada Montalbán Huertas (magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) y Juan Ramón Sáez Valcárcel (magistrado de la Audiencia Nacional), mientras que al Defensor del Pueblo están Ángel Gabilondo Pujol (catedrático de Metafísica de la UAM) y adjunta primera al Defensor del Pueblo: Mª Teresa Jiménez Becerril (Presidenta de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril).

Por su parte, en el Tribunal de Cuentas estarán Enriqueta Chicano Jávega (consejera del Tribunal de Cuentas); Isabel Fernández Torres (profesora de Derecho Mercantil de la UCM); Dolores Genaro Moya (consejera del Tribunal de Cuentas); Elena Hernáez Salguero (expresidenta del Tribunal Económico- Administrativo de la Comunidad de Madrid); Diego Íñiguez Hernández (magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo); Rebeca Laliga (subdirectora General del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia); José Manuel Otero Lastres (catedrático de Derecho Mercantil); Joan Mauri Majós (profesor de Derecho Administrativo Universidad de Barcelona); Javier Morillas (catedrático de Economía Aplicada); Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla (abogado del Colegio de Vizcaya); Mª Luz Rodríguez Mendívil (gerente tributaria de la Diputación de Barcelona) y Miguel Ángel Torres Morato (fiscal jefe del Tribunal de Cuentas).

La Agencia Española de Protección de Datos contará como directora Belén Cardona Rubert (catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia) y el adjunto a la Directora de la Agencia de Protección de Datos: Borja Adsuara Varela (abogado y consultor en derecho digital).

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PSOE, Teodoro García Egea, han capitaneado las conversaciones para renovar estos órganos constitucionales y, en poco más de una semana, han logrado desencallar una negociación que llevaba años atascada. Ambas partes reconocen que su “buena sintonía” ha permitido encarrilar este pacto, según las fuentes consultadas.

De hecho, el órgano que llevaba más tiempo pendiente de renovación es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017. En el caso del TC, el mandato de un tercio de sus miembros –los cuatro que corresponde elegir al Congreso– concluyó en noviembre de 2019. Por su parte, los doce consejeros del Tribunal de Cuentas terminaron en julio su mandato de nueve años y en el caso de la Agencia de Protección de Datos, desde julio de 2019 está pendiente de renovar la Presidencia de este órgano y su adjunto.

Queda fuera del acuerdo el Consejo General del Poder Judicial –que lleva casi tres años caducado–, pero ambas partes han asegurado en público estos días que intentarán cerrar un acuerdo. Este jueves, desde Bruselas, el presidente del PP ha solicitado al jefe del Ejecutivo que “haga caso a Europa” y acepte modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para renovar “también” el Consejo, cuyo mandato lleva casi tres años caducado.

Y Sánchez también ha urgido al PP a renovar el órgano de gobierno de los jueces. “Desgraciadamente el PP ha permitido el desbloqueo de cuatro de cinco instituciones, pero todavía queda el CGPJ, es un poder muy importante y me gustaría que el PP pudiera llegar a un acuerdo para renovarlo”, ha afirmado también en Bruselas.