El Gobierno estima que en 2024 pueda estar instaurado el pago por uso en las autovías españolas. El peaje generalizado viene incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, remitido a la Comisión Europea, y ya se prepara su andamiaje desde hace meses. Tal y como informó Cinco Días, se trata de una de las reformas incluidas en la futura Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, en cuyo anteproyecto se consultó la idoneidad del peaje en autovías y en el acceso a grandes ciudades bajo la premisa de que “el que contamina paga”.

La tramitación tiene uno de sus hitos en este primer semestre, cuando el Consejo de Ministros tendría que dar una primera lectura al texto, esperándose su aprobación en la segunda mitad de 2023. Ahora se explicita en el documento remitido a Bruselas que “es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras”

El largamente debatido pago por uso busca que las vías de alta capacidad autofinancien su conservación. El sistema ha contado desde siempre con la frontal oposición del transporte por carretera y la logística. Las patronales arrancaron el año pasado un compromiso por escrito al secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, por el que no se implantará peaje alguno en vías hoy gratuitas a espaldas del sector. Pero las empresas ya no están seguras, pese a que el propio Ejecutivo sostiene que habrá diálogo con el transporte profesional y con las Comunidades Autónomas.

En el caso de los particulares, en los tres próximos años habrá campañas de concienciación con el fin de allanar el futuro modelo de financiación de las infraestructuras en un contexto en que decaen los plazos de explotación privada de diversas autopistas. Si el año pasado se levantaron las barreras en la AP-1, AP-4 y los tramos valencianos de la AP-7, este año decae el peaje en el segmento catalán de la AP-7, con lo que crece la factura de conservación. Hasta el momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha eludido relicitar esas autopistas, liberando a sus usuarios del canon por circular.

Unos 12.000 de los 26.466 kilómetros de la red estatal de carreteras son vías de alta capacidad, con costes de conservación al alza. Desde la asociación que representa a las empresas de conservación Acex se viene reclamando que las carreteras no sean concesionadas y se siga contratando desde la Administración los trabajos de mantenimiento. La patronal del transporte y logística UNO, por su parte, se ha unido al PP en el análisis de una moción contra el apartado del pago por uso en el Senado una vez que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia salió adelante en el Congreso.