Ocho autonomías de distinto signo político, Galicia (PP), Asturias (PSOE), Cantabria (PRC), Extremadura (PSOE), Aragón (PSOE), La Rioja (PSOE), Castilla y León (PP) y Castilla-La Mancha (PSOE) han decidido aparcar sus intereses partidistas y diferencias ideológicas y sumar fuerzas para evitar que la reforma de la financiación vuelva a ser un traje a la medida de Cataluña.

Los presidentes de estas regiones se reúnen hoy en Santiago de Compostela a iniciativa del dirigente gallego, el popular Alberto Núñez Feijóo, para consensuar posiciones, defender los intereses de sus respectivos territorios e impedir que esa reforma sea fruto de una mesa bilateral. “Urge saber si las comunidades contaremos con un árbitro imparcial para ordenar este debate crucial o si ese árbitro está hipotecado por un jugador que, además, no acata el reglamento”, dijo Feijóo a finales de octubre en nítida referencia al separatismo catalán.

Inicialmente, la cumbre había sido convocada para el 2 de noviembre, pero las reticencias de algunos presidentes socialistas a que el encuentro fuera interpretado como un “frente” contra el Gobierno llevó a posponerlo hasta hoy, cuando esas aristas parecen haber sido pulidas. “Es un honor ser anfitriones de un encuentro entre ocho comunidades que representan la cuarta parte de los españoles y el 62% del territorio. Ocho presidentes de tres partidos unidos por la igualdad de todos los ciudadanos”, afirmó el viernes Feijóo, cuyo gobierno tildó ayer de “éxito” el mero hecho de sentar juntos a esos dirigentes autonómicos.

Pese a los recelos iniciales, no deja de ser paradójico que a esa cumbre convocada por un barón del PP sean mayoría las autonomías socialistas que acuden: cinco del PSOE y dos del PP, además del PRC de Miguel Ángel Revilla. Un mensaje con carga de profundidad política al sanchismo, que tendrá que asumir, si no lo ha hecho ya, que el PSOE no tendrá una sola voz en la negociación. De hecho, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha propuesto ya que el próximo cónclave se celebre en Toledo “para que les quede claro que no vamos a parar”.

La reunión de hoy devuelve a Núñez Feijóo a la primera línea del protagonismo político, mostrando su capacidad para aunar diferentes sensibilidades y volver a sentar a populares y socialistas en una misma mesa. Por ello, no parece casual que el líder del PP, Pablo Casado, haya decidido designar a Feijóo coordinador de los barones regionales del PP de cara a las conferencias de presidentes que se celebren a partir de ahora.

Pero, aunque la mayoría de CCAA comparte un denominador común, evitar que el futuro modelo se decida en una mesa bilateral entre el Ejecutivo central y Cataluña, entre las regiones españolas dista mucho de existir una posición común, con alianzas cruzadas entre regiones de PP y PSOE que convierten la reforma de la financiación en un sudoku o, directamente, en “un marrón” para el Gobierno, como llegó a definirlo el diputado canario Pedro Quevedo. Así, las autonomías que se reúnen hoy en Santiago, que figuran entre las más despobladas y envejecidas, coinciden en su defensa de un sistema en el que se prime la dispersión de la población; esto es, en el que, más allá de la densidad poblacional, se tengan en cuenta los costes reales por habitante que supone la prestación de servicios en cada territorio.

Frente a este bloque se erigen al menos otros dos, según la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Uno conformado por las autonomías que se consideran infrafinanciadas por habitante, como Andalucía (PP), Valencia (PSOE) y Murcia (PP), que abogan por aplicar el criterio de población ajustada para recibir recursos. Son, a priori, las mejor situadas en la pole position, ya que todo apunta a que la propuesta que el Gobierno lanzará en próximas fechas tendrá como punto de partida el criterio de población ajustada. Así, aunque el presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, coincide con Feijóo en su rechazo a posibles “privilegios” a Cataluña, su posición en este caso está más próxima a la de su homólogo valenciano, el socialista Ximo Puig. Ambos sellaron una alianza en septiembre para exigir un cambio en el reparto de fondos y mecanismos de compensación a sus regiones.

Al margen de estas alianzas se sitúan regiones como Madrid y Cataluña, junto a Baleares las tres únicas con aportación neta a la caja común (aunque Madrid inyecta más del 70% del total). Mientras que la Cataluña gobernada por el independentismo sigue siendo alérgica a cualquier negociación multilateral, Madrid defiende su autonomía fiscal y una financiación más justa para la región. Esto es, que siendo -como es- la autonomía que más aporta al sistema no se encuentre peor financiada que las CCAA receptoras. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, criticó ayer esta suerte de guerra de guerrillas y ententes parciales. “No podemos ir a esta pelea cada uno con su territorio bajo el brazo”, afirmó en una entrevista en TVE, en la que subrayó que todas las CCAA son piezas de un mismo “puzle” y pidió a los presidentes autonómicos que “no miren a Madrid con agravio” y que “no le sigan dando más independencia al negociado en Cataluña y el País Vasco para quitárselo luego a Madrid”.