En el acto de apertura del Año Judicial, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), califica de “agravante” a la situación de bloqueo que vive la renovación del órgano de gobierno de los jueces la reciente reforma que limita sus funciones. Se trata de la cuarta vez que se celebra el acto de apertura del Año Judicial con la expectativa de una obligada renovación del órgano de gobierno de los jueces que, en realidad, sigue bloqueada. Así, el discurso de apertura del año judicial de Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, ha estado dirigido a los “poderes públicos”.

No obstante, si el año pasado la exigencia era renovar “sin mayores dilaciones” la institución ante la “seria anomalía” que supone que lleve en funciones desde diciembre de 2018, a este año se suma una segunda: que la institución que preside “desaparezca del escenario de la lucha partidista”. Las llamadas a la renovación del CGPJ han marcado la tónica del discurso de Lesmes durante el acto en el Tribunal Supremo, presidido por el rey, Felipe VI.

Lesmes se ha dirigido al Congreso y al Senado en varias ocasiones, recordando que “es la propia Constitución la que fija en cinco años la duración del mandato de cada Consejo y están obligados a respetar ese plazo, sin que un deber que dimana de la propia Constitución pueda subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política”. Por eso, el presidente del Supremo, invoca el “patriotismo constitucional” para alcanzar “en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación”.

Lesmes, además, se ha mostrado crítico con la reforma que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial en funciones, aprobada en marzo de este año. Así, ha señalado que ante la trascendencia que esta reforma tiene para la institución, durante la tramitación parlamentaria, solicitó que el Consejo emitiera su opinión y se interesó también que se recabara informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho y que se escuchara a las asociaciones de los jueces “siendo todas estas peticiones desatendidas”.

El presidente del Tribunal Supremo, además, ha reivindicado la independencia judicial como garantía de la democracia. Así, Lesmes ha considerado que esta reivindicación, a la que se ha referido no como un privilegio de los jueces, sino sobre todo como una garantía de los ciudadanos, es hoy más necesaria que nunca por cuanto la labor de la Justicia se pone en ocasiones en entredicho, especialmente desde algunas instancias políticas, “cuando las decisiones judiciales se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o, simplemente, no son de su agrado”.

El presidente del TS y del CGPJ ha puesto como ejemplo lo ocurrido cuando, con ocasión del indulto concedido a los condenados en la causa del procés, se llegó a contraponer, para explicar la medida, la concordia frente al resentimiento, “como si la acción de la Justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas”.

“Nada más alejado de la realidad. La función de los jueces y magistrados, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, con independencia absoluta de influencias externas o internas, políticas o de cualquier otra índole, no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes, leyes que han sido democráticamente aprobadas y que, por tanto, expresan la voluntad de la mayoría”, ha dicho Lesmes.

Por su parte, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha alertado en este mismo acto de los “peligros” que acechan a la Justicia y ha pedido no convertir ese poder del Estado en “campo de batalla política”. Delgado ha hecho este llamamiento al finalizar su discurso en el acto de apertura del Año Judicial, presidido por el rey, donde ha subrayado también la necesidad de acometer “una profunda reforma” del Estatuto fiscal para dotarlo de mayor autonomía.