Así lo ha reclamado la ministra de Hacienda, maría Jesús Montero, en el Pleno del Congreso mientras se prepara un motín territorial en el que distintas CCAA se está aliando para presionar para que se haga la reforma ya y se tengan en cuenta sus reivindicaciones. Montero ha apelado a encontrar una posición común dentro del PP, pero también dentro del PSOE y ha planteado que todas las CCAA cedan en algo “por el bien común, la cohesión social y vertebración territorial”.
Montero ha intervenido en el Pleno del Congreso a instancias de los Grupos Plural y Mixto, que invocan el artículo 53 del Reglamento del Congreso, para que explique por qué dijo a una asociación valenciana que este año no va a haber reforma de la financiación, lo que consideran que está en su programa de gobierno. Su defensa principal: que en noviembre va a presentar una propuesta sobre población ajustada.
Así, Montero ha recorrido los tres bloques que observa: Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia; Cataluña, Madrid y Baleares; Galicia, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias, y ha subrayado las diferencias políticas dentro de cada bloque, unidos por una situación parecida en la financiación. Y ha destacado que, en noviembre, Hacienda presentará una propuesta según población ajustada que ha avisado de que “no va a contentar a nadie por completo”. La ministra ha pedido “espíritu de diálogo” si realmente se quiere reformar la financiación y no “hacer ruido”: “Creo que se puede”, ha remachado”.
Lo que sí explicó la ministra es que, en el próximo ejercicio presupuestario, es decir, en 2022, las previsiones son que las CCAA reciban 15.000 millones de euros menos que en 2021. Por tanto, para el próximo año, las entregas a cuenta previstas se quedan en 112.213 millones de euros, además de un plus de 7.000 millones que corresponden, por un lado, a la liquidación negativa que no tendrán que reintegrar -concretamente 3.900 millones-, y por otro, a 3.100 millones, dinero que se debe a estas administraciones en concepto de IVA desde 2019, y que, por la demora, lleva un recargo de intereses de 600 millones de euros.
De este modo, en porcentajes, las previsiones del Gobierno para las CCAA son de un 11,15% menos de financiación respecto a 2021. Hay que tener en cuenta que, este año, las autonomías han recibido 113.700 millones, además de 13.486 millones de un fondo extraordinario. Asimismo, a estas partidas se ha añadido 7.000 millones de euros en ayudas directas para pymes y autónomos. Por cierto, que, el Ejecutivo ha tenido que variar recientemente las condiciones de esta partida para que mayor número de empresas reciban ayudas.
Ahora, a la espera de que el Gobierno aborde la financiación autonómica -pendiente del informe del criterio de población ajustada para noviembre, y de las conclusiones de la comisión de expertos sobre financiación, para febrero-, Montero recuerda que existen tres corrientes de modelos opuestas, a pesar de las coincidencias ideológicas. Por un lado, los que quieren el actual sistema (Galicia, Asturias, La Rioja y C-La Mancha, entre otras); por otro los que demandan un modelo que nivele las diferencias (Andalucía, Valencia) y, por último, los que son partidarios de un modelo de ordinalidad en la nivelación como Madrid y Cataluña.