El nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que el Gobierno pretende articular para afrontar el incremento del desembolso en pensiones motivado por la jubilación de la cohorte de población del baby boom podría ser insuficiente para afrontar la década más dura de tensionamiento financiero de la Seguridad Social. Así lo asume el propio Ejecutivo que, además del incremento generalizado de las bases de cotización en 0,5 puntos porcentuales entre 2023 y 2032, ya prevé en su propuesta legislativa una segunda y tercera vía para embridar el gasto en prestaciones: un ajuste de hasta 5.000 millones de euros en pensiones y una nueva subida de cotizaciones por valor de otros 5.000 millones de euros.

Así se desprende del borrador presentado por el Ejecutivo a los agentes sociales con la propuesta y al que ha tenido acceso elEconomista, donde se asegura que si desborda el nivel de gasto y supera las previsiones que realizará la Comisión Europea en su informe Ageing Report de 2024, cuando las estimaciones ya descontarán los cambios normativos sujetos a la reforma de pensiones que se terminará de desplegar en 2023 -según el calendario que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-, ya se podrá perfilar la necesidad de financiación concreta de cara al año 2050.

“A partir de 2032, y con una periodicidad trienal, se verificará si, de acuerdo con las últimas previsiones del Ageing Report de la Comisión Europea o documento análogo, el nivel de gasto en 2050 supera la previsión para ese año del citado informe una vez descontado el efecto que habría tenido el derogado factor de sostenibilidad”, apunta Moncloa en su propuesta.

De este modo, el documento refleja que si el nivel de gasto supera el citado umbral se podrán adoptar medidas de contención que en suma equivaldría a 0,8 puntos porcentuales del PIB, entre aumento de ingresos y reducción del gasto en prestaciones. Es decir, esos 10.000 millones de euros anteriormente mencionados.

Como primer paso para atajar el desequilibrio financiero, la Seguridad Social prevé una disposición del Fondo de Reserva equivalente a 0,2 puntos del PIB, es decir, se añadirían unos 2.500 millones de euros al remanente presupuestario destinado a esta partida -de 150.000 millones de euros para 2022 solo en prestaciones contributivas-.

De superar el desequilibrio financiero de la Seguridad Social ese 0,2%, o 2.500 millones, se abriría la doble vía para embridar el déficit. “En el supuesto de que la desviación sea superior al 0,2%, o que se hayan agotado los activos del Fondo de Reserva, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo una propuesta para aminorar el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB”, recoge el Ejecutivo en su propuesta remitida a la mesa de diálogo social. Además, señala el gabinete dirigido por el ministro responsable de la reforma, José Luis Escrivá, que “estas medidas deberán compensar la desviación en la previsión de gasto en pensiones para 2050 que no esté cubierta por los activos del Fondo de Reserva de las pensiones con un límite del 0,4% del PIB”.