El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que se ampliarán tres meses más las políticas de moratoria de alquiler y suspensión de desahucios para colectivos vulnerables que se pusieron en marcha durante la pandemia. Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que desgranó tras el Consejo de Ministro de ayer, Sánchez ha anunciado que estas medidas excepcionales, que vencían el 9 de mayo con el fin del estado de alarma, se prorrogarán tres meses adicionales.

En concreto, se ampliará la posibilidad de solicitar moratoria o condonación parcial de la renta de alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública, así como los contratos que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses en los mismos términos que se venía haciendo. También se ampliará tres meses la suspensión de desahucios y lanzamientos de arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos aspectos de hogares afectados por lanzamiento de su vivienda habitual que no se deriven de contratos de arrendamientos en casos de dependientes, menores o víctimas de violencia contra la mujer previa valoración del juez.

Según ha indicado Sánchez, a estas medidas urgentes para garantizar «una vivienda digna y adecuada» se sumará «dentro de poco» la primera ley estatal de vivienda, que lleva semanas de retraso ante la falta de acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos en algunos aspectos clave como la regulación de los precios del alquiler. En detalles aportados por el presidente del Gobierno durante su intervención, hasta finales de marzo se habían concedido 225.000 moratorias de deudas hipotecarias, 373.000 suspensiones de créditos no hipotecarios y más de 843.000 moratorias sectoriales para deudores no vulnerables.

Como datos para una panorámica situacional, Sánchez también ha indicado que al cierre del mes pasado se había concedido el ingreso mínimo vital a 203.000 hogares en los que viven más de 565.000 personas y ha confirmado lo avanzado la semana pasada por la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz: se está trabajando en una nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte), que de momento terminan el 31 de mayo. El coste de esta herramienta, según ha señalado, ha sido de «casi 30.000 millones de euros».