Y 1.360.000 necesitarán llevar a cabo “una reestructuración de los plazos de su deuda”. Así se desprende del análisis de Ángel de la Fuente y Benito Arruñada para un estudio publicado ayer por Fedea que prevé tensiones de liquidez en un 40% de empresas y riesgo de insolvencia en un tercio de esas. Las empresas en riesgo pertenecen en su mayoría a los sectores de turismo y hostelería, ocio y cultura y vehículos de motor.

Afirman que “en la mayor parte de los países la crisis no se ha traducido en un incremento significativo del número de cierres y concursos debido al menos en parte a las fuertes medidas de apoyo a la liquidez” y señalan que en España se produce “una excepción llamativa, que es la ausencia de subvenciones o ayudas directas” no ligadas al mantenimiento del empleo. Una de estas ayudas podría consistir en “adecuar algunos tributos que son costes fijos”, como en impuestos como el IBI y el IAE, con exoneraciones parciales o totales. Poner en marcha préstamos participativos y que las entidades financieras ayuden a distinguir qué empresas son viables son otras de sus recomendaciones.

La agilización de los procedimientos concursales y preconcursales es la medida que tanto estos autores como otros participantes en el grupo de trabajo mixto Covid-19 de Fedea destacan como clave. Así, la magistrada Marta Cervera se une a quienes exigen ya, como los economistas forenses, un mecanismo “o filtro más rápido” para considerar qué una empresa es viable. Ésta puede ser reestructurada “por un proceso de negociación extrajudicial”, mientras que para las no viables habría que establecer un proceso de liquidación más ágil en el que fuera posible la venta de las unidades productivas que se pudieran salvar, petición a la que se suma otro de los autores, el profesor Jordi Maristany.

Éste aconseja que los allegados a la empresa, como socios o familiares, puedan tener preferencia en la compra, ya que se ha permitido “mediante medidas excepcionales” que aporten financiación a la compañía en riesgo. Dichas medidas “se inscriben en el derecho concursal de emergencia”, en el que entra la moratoria concursal, que la profesora Marta Flores, en otro de los textos, advierte que “ha generado cierto grado de inseguridad jurídica”, si bien reconoce que no hay consenso sobre la conveniencia de prorrogar o no la moratoria.