Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, urge a empresas y sindicatos a sentarse a negociar incrementos salariales que corrijan la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. La semana pasada, insistió en que "hay que subir los salarios", llegando a afirmar que "el BCE pide subir los salarios en Europa un 5%". Aunque la inflación ha mostrado síntomas de moderación en su ritmo de crecimiento en los últimos tres meses, fruto de las medidas anestésicas tomadas por el Gobierno pero también del efecto base con 2021, la escalada de los precios sigue siendo muy superior al avance de los salarios, con un IPC que, pese a haberse moderado al 7,3% en octubre frente al 8,9% de septiembre, casi triplica el alza de sueldos pactada en convenio hasta el mes pasado: un 2,61%, según los datos más recientes del Ministerio de Trabajo, con la consiguiente merma en el poder de compra de los trabajadores.

Por ello y a pesar de ese respiro, la presión de los precios sigue trasladándose a los salarios, aunque, de momento, más lentamente y con menor intensidad. La subida media pactada en convenio pasó del 1,47% en diciembre al 2,61% en septiembre; esto es, 1,14 puntos más. Para encontrar una mejora similar habría que remontarse hasta 2008, cuando los aumentos salariales alcanzaron en promedio el 3,6%.

Pero hay otros datos que reflejan mejor cómo la serpiente inflacionista ha comenzado a enroscarse en los sueldos en una franja de territorio empresarial cada vez mayor. En los convenios registrados hasta septiembre, un total de 220.750 empresas pactaron alzas salariales medias del entorno del 5% (5,07%, exactamente), 5.560 más que en agosto y casi el triple que en marzo (79.162 empresas), cuando la invasión de Ucrania agudizó la crisis inflacionista. Es decir, la tendencia se ha afianzado y acelerado en los últimos meses. De acuerdo con las estadísticas de Trabajo, 1,95 millones de trabajadores verán elevados sus salarios en un 5% de media, cifra que representa casi el 26% de los 7,58 millones de empleados afectados por los convenios sellados hasta septiembre. En agosto, la cifra era de 1,87 millones de trabajadores, 81.850 menos.

Estos datos, con alzas próximas ya a la inflación subyacente, que en los últimos dos meses se ha anclado al 6,2%, evidencian que las llamas del incendio inflacionista se extienden por una porción creciente del tejido empresarial. Y si bien los salarios no suben con la misma fuerza que la inflación, dejan patente el peligro de entrar en una espiral de precios-salarios. "No se aprecian, por el momento, efectos de segunda vuelta significativos sobre la inflación a través de los salarios", afirmó recientemente el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en el Congreso. No obstante, advirtió de que el repunte del número de trabajadores cubiertos por cláusulas de salvaguarda frente a la inflación (casi un 25% hasta septiembre frente al 16,1% de 2021), "eleva los riesgos de que puedan llegar a producirse en el futuro efectos de segunda ronda sobre la inflación más intensos que los observados hasta la fecha".

De Cos reclamó por enésima vez un pacto de rentas que distribuya el coste de la crisis de precios "entre las empresas y los trabajadores, de forma que, en conjunto, todos ellos asuman una pérdida de renta real" y aunque no mencionó expresamente la fuerte subida anunciada por el Gobierno para las pensiones, advirtió de que en "lo que se refiere al gasto público, se debería evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas, en un contexto, además, en el que el margen fiscal se encuentra muy constreñido por el abultado endeudamiento público". Un claro aviso a navegantes.

Todo apunta a que la presión sobre los salarios seguirá, convirtiendo la negociación de convenios en una olla a presión. UGT y CCOO, que han convocado una gran manifestación para el próximo jueves, 3 de noviembre, en Madrid con el lema Salario o conflicto, insisten en reclamar incrementos generalizados de sueldos, reiterando, como hizo el pasado viernes UGT, que "si no existe negociación e incremento de los salarios, la lucha en las calles y en los centros de trabajo seguirá siendo norma en el día a día".

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, advirtió la semana pasada de que pactar una recomendación homogénea para todos los sectores sobre cuánto deben subir los salarios, sin tener en cuenta la situación de cada sector o empresa, supondría "hundir la economía y a las propias empresas".