Este éxito se suma a otro, pues sus bajos impuestos, unidos al desempeño en el mercado de trabajo, eficiencia empresarial y capital de infraestructuras básicas, mantuvieron a la comunidad como la región más atractiva para la inversión de capitales durante 2020, es decir, en plena crisis sanitaria. Así se desprende del Informe de Competitividad Regional publicado este martes por el Consejo de Economistas.

Por segundo año consecutivo, la comunidad liderada por el Partido Popular (PP) ha ocupado la primera posición en la clasificación regional en cuanto a competitividad fiscal. Se trata además de la única autonomía en el top cinco que no tiene régimen diferenciado, pues el resto de puestos son ocupados por Bizkaia, Álava, Gipuzkoa y Canarias, en ese orden. Todas estas regiones se mantuvieron en 2020 en la misma posición que en el año previo a la crisis sanitaria.

En el otro extremo está Cataluña, que ocupa la última posición por disponer del mayor número de impuestos propios, así como un perfil de imposición alto en renta, patrimonio y sucesiones. Le sigue la Comunidad Valenciana, que, de un año a otro bajo dos posiciones, y justo detrás están Aragón, Asturias y Extremadura.

A nivel global, la competitividad estructural de las autonomías se redujo el año pasado un 2,3%, una cifra que los economistas no consideran tan alarmante si se toma en cuenta que, por un lado, en el mismo año el PIB llegó a una caída histórica del 21,5% interanual en el segundo trimestre del año, y que, por el otro, en términos absolutos el indicador fue el segundo más alto de toda la serie histórica, solo superado por el nivel de 2019.

El informe destaca un impacto asimétrico por comunidades y sectores derivado del confinamiento al que se sometió el país entre marzo y junio del año pasado. Según el informe, se observa una evolución desigual en virtud de la estructura productiva, la eficiencia empresarial, el nivel educativo, la calidad del empleo, y la inversión en investigación y desarrollo. No obstante, la composición del listado apenas muestra variaciones respecto a 2019 y solo Galicia y la comunidad Valenciana pierden una posición, mientras Cantabria y Asturias suben un puesto.

Los resultados sitúan a Canarias, Extremadura, Andalucía e Islas Baleares como las comunidades peor posicionadas para afrontar la recuperación tras la pandemia. De hecho, ambos archipiélagos son las zonas en las que el descenso del índice de competitividad es más acusado, con más del 5%. En cambio, las regiones que están en mejor disposición para alcanzar una recuperación sólida son Aragón, Asturias, Cantabria, La Rioja, Cataluña, Navarra, País Vasco y Madrid. Estas tres últimas comunidades son, además, las únicas que superan con claridad el PIB por habitante medio de la Unión Europea.

En términos de desigualdad interterritorial, la renta por habitante de Madrid, que es la comunidad mejor posicionada, multiplica por 1,8 la alcanzada por Extremadura, que se encuentra en el último lugar del ranking de competitividad. Respecto a la productividad media de España, el País Vasco y Madrid son las regiones con mayor distancia respecto al promedio nacional, superando en ambos casos el 20% de la media. Ambos territorios son también los que registran los mejores datos en términos de productividad laboral, al estar un 16,7% y un 13,3% por encima del promedio, respectivamente.

Lo mismo ocurre al analizar el porcentaje de población con estudios superiores, pues son las que presentan niveles más elevados respecto al promedio europeo: más del 47%. Las diferencias territoriales en este indicador también son significativas, ejemplo de ello es que el País Vasco, que es la comunidad con mayor nivel educativo, duplica el de la comunidad con menor nivel, que es Extremadura.

País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña son las cuatro autonomías con menor brecha respecto a Europa en I+D. La brecha oscila del 2,4% en el primer caso hasta el 23,9% en el último. En el extremo opuesto, Islas Baleares, Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha son las que más alejadas están del gasto medio; en todos los casos existe una brecha investigadora superior al 65%, según el informe.