La Comunidad de Madrid ha aprobado en su Consejo de Gobierno de esta semana destinar 6 millones de euros para complementar la ayuda estatal de cuotas a la Seguridad Social de los autónomos conocida como Tarifa Plana, que asciende a 50 euros mensuales, de manera que a los 12 meses que los autónomos se benefician de esta tarifa se añaden otros 12 meses más.

Los trabajadores autónomos que realicen su actividad en Madrid y que sean perceptores de las reducciones en el Régimen Especial de los trabajadores por cuenta propia podrán beneficiarse de esta aportación adicional del Gobierno regional, de manera que en vez de un año podrán acogerse a dos años de este incentivo para consolidar su modalidad laboral.

Una vez que abonen la cuota conforme a la base y tipo mínimo de cotización, el Estado o la Administración autonómica le devolverá en un único pago la diferencia entre la tarifa plana y la cuota abonada. En total, y desde 2016 a 2021, la Comunidad de Madrid ha resuelto de forma favorable 47.810 solicitudes, habiendo invertido más de 52 millones de euros.

De otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó también en su reunión celebrada este miércoles un total de 1.250.000 euros para fomentar el emprendimiento colectivo a través de las empresas de la economía social: cooperativas, sociedades laborales, firmas de inserción y centros especiales. Además, en una de las cuatro líneas subvencionadas pueden beneficiarse las asociaciones profesionales de autónomos.

Las ayudas se ofrecerán para la creación de nuevas cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, la contratación de servicios de asesoramiento, la financiación de inversiones y el apoyo a la incorporación de socios. La primera prevé un desembolso máximo de 15.000 euros para abordar los costes iniciales de apertura, constitución o calificación, o los gastos de cotización del Régimen General de la Seguridad Social de los socios constituyentes.

En la segunda podrá ascender al 50% del salario bruto mensual de cada trabajador contratado para asesoramiento, con un importe máximo de 150.000 euros. En el caso de la financiación de inversiones se incluyen los gastos en inmovilizado material o intangible, así como la incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Se aportará el 50 % del total, con un máximo de 20.000 euros por entidad y año.