La Comunidad de Madrid remitió ayer un documento de 237 páginas, bajo el revelador título de Bajar impuestos para crecer más, al comité de expertos académicos al que el Ministerio de Hacienda ha encomendado emitir el próximo febrero un libro blanco que siente las bases de la reforma. La propuesta regional no solo destaca las bondades de la autonomía fiscal, sino que reivindica la política de bajos gravámenes de Madrid como un caso de éxito de cara a la remodelación del sistema nacional.

“Los impuestos introducen costes y distorsiones sobre la actividad económica y sobre las decisiones de ahorro, consumo e inversión, que redundan en impacto negativo sobre el crecimiento económico”, defiende el documento, elaborado a partir de las aportaciones de una treintena de expertos. “De hecho, la evidencia empírica mayoritaria muestra que los impuestos afectan negativamente al crecimiento económico, con el de Sociedades, el individual sobre las rentas del capital y el trabajo y las cotizaciones a la Seguridad Social como los más distorsionantes”, prosigue. “Cuando los países parten ya de niveles iniciales de impuestos elevados, como es nuestro caso, el efecto negativo de incrementos adicionales es aún más pernicioso”, asevera.

A partir de ahí, Madrid sostiene que “cada euro recolectado en gravámenes provoca desincentivos que reducen la actividad económica”. Como ejemplo, ilustra, cada euro cobrado en aplicación del impuesto de sociedades resta 1,2 euros a la economía real, mientras que el gravamen sobre las rentas del trabajo tendría un impacto de 1,15 euros. Por el contrario, la región se sirve de diversos estudios internacionales para aseverar que una rebaja de 10 puntos en los tipos marginales sobre la renta incrementa el PIB en 0,6 puntos anuales, mientras que una similar de Sociedades aportaría un 0,2 adicional.

“Menores tipos crean actividad económica en todas partes”, aduce el texto, que expone que cuando el IRPF marginal bajó del 52% al 45% en 2015, el decil de contribuyentes más rico pasó de pagar el 25% del IRPF a un 34%. “De manera similar, en el Impuesto de Sociedades, Hacienda recauda cerca de 4.000 millones más con el tipo actual del 25% que cuando estaba en el 30% en 2011”, añade, obviando otros condicionantes. Más allá, Madrid reclama que las comunidades autónomas sigan ejerciendo sus competencias en materia fiscal con absoluta libertad, y expone su trayectoria como un caso de éxito en el que las rebajas fiscales del PP habrían permitido ahorrar 50.000 millones de euros a los madrileños desde 2003 sin impedir que la región sea la que más aporta a la caja común, un 68% frente al 25% de la segunda, Cataluña.

El Ejecutivo regional asevera, además, que el Gobierno central no tiene potestad para imponer una armonización fiscal autonómica sobre impuestos cedidos, como el de Patrimonio o Sucesiones y Donaciones, asegurando que es “anacrónico” que España los mantenga siquiera vigentes, dado que “apenas tienen cabida en los países de la Unión Europea por sus efectos nocivos en la economía, el ahorro y la inversión”.

Está por ver ahora la recepción que tiene el documento en el comité de expertos para la reforma fiscal, si bien es de prever que su repercusión sea escasa. Después de todo, esta es sola una de las aportaciones que el comité tendrá en consideración, y hay también multitud de informes que contradicen claramente las tesis de Madrid y apuntan a que bajar impuestos reduce la recaudación en un momento en el que el país debe comenzar a diseñar el reequilibrio de las cuentas públicas tras el Covid. Es más, el presidente del comité, Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, defendió en la presentación del grupo la toma en consideración de propuestas como la del FMI de impulsar alzas fiscales sobre rentas altas y grandes empresas, al menos temporalmente, para hacer frente a la factura de la crisis.