El aumento de número de casos dirimidos en España confirma el creciente interés de nuestro país como sede arbitral, que ofrece un sistema alternativo eficaz y fiable para las empresas que operan a nivel global. “No estamos ante un cambio de tendencia, ya es una realidad”. Así de tajante se muestra Carlos de los Santos, socio responsable de litigación y arbitraje de Garrigues, ante la salud del arbitraje, que “se ha consolidado en España como una alternativa real y eficaz de solución de conflictos, en particular, para aquellas empresas que operan a nivel internacional”.

Lo confirma la reciente Guide to Arbitration Places (GAP), guía publicada por Delos Dispute Resolution (Delos) con información de 57 países, pero también otros datos que avalan el creciente interés. Por ejemplo, la Corte de Arbitraje de Madrid incrementó en 2020 sus casos de 106 a 133, teniendo en cuenta las especiales circunstancias relacionadas con la pandemia. Además, la capital, que cuenta con el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM), ya se sitúa en el top ten de las sedes preferidas por firmas de Latinoamérica, según la Universidad Queen Mary de Londres.

Elegir una ciudad frente a otra en un conflicto entre empresas no es una decisión menor. “La sede legal del arbitraje puede impactar en los recursos disponibles por las partes, la duración, los costos de arbitrar y cómo maneja el tribunal el procedimiento”, alertan Hafez Virjee, cofundador y presidente de Delos, y Alejandra Lapunzina, editora adjunta del GAP de Delos. No en vano, “cuanto más eficiente sea la resolución de disputas, menor será el impacto potencial en el costo de hacer negocios”, añaden los expertos, que explican que estos gastos son tanto financieros como de tiempo.