El Congreso de los Diputados ha dado este jueves luz verde definitiva al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 por una amplia mayoría que se explica por el importante número de enmiendas que han acabado trufando el texto para contentar a los grupos minoritarios que el Gobierno de coalición, en minoría parlamentaria, necesitaba tener de su parte para amarrar las cuentas y la legislatura.

La votación final no ha sido ninguna sorpresa. El Ejecutivo tenía amarrados desde hacía días los votos necesarios para impulsar las cuentas. Así, los Presupuestos han recibido 188 votos a favor, gracias a los 154 diputados que suman PSOE y Unidas Podemos (que aporta solo 34 al no haber sustituido aún a Alberto Rodríguez tras su cese judicial); los 13 de ERC; los 6 de PNV; 5 de EH-Bildu; 4 del PDeCAT; 2 de Más País-Equo y uno de Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y el Partido Regionalista Cántabro.

Tras el aval de la Cámara Baja, las cuentas públicas pasarán al Senado, que tiene un mes para aprobarlas definitivamente o devolverlas al Congreso de los Diputados con los cambios que considere oportunos. El Ejecutivo apuesta por una tramitación exprés, sin cambios ni para tumbar las enmiendas adheridas a las que se opone, a fin de tenerlas listas el 21 de diciembre para su entrada en vigor el 1 de enero.

El principal cambio introducido en el texto pese al rechazo de los grupos del Gobierno es la inclusión de un fondo autonómico Covid para 2023 por unos 9.000 millones de euros para el que no habría dotación prevista. En todo caso Hacienda asume que mantener viva esta enmienda no tendrá efectos porque es inaplicable.

En cuanto a la batería de concesiones sellada por los partidos del Ejecutivo a fin de ir atando los apoyos requeridos, destaca el acuerdo con ERC por el que se garantiza que las plataformas audiovisuales tendrán que ofrecer un 6% de producción en lenguas cooficiales (catalán, vasco y gallego) y abonar un impuesto del 5% de sus beneficios para ayudar a sufragarlas.

En paralelo, el Ejecutivo ha aceptado suscribir un fondo de 25 millones para afectados por el amianto, pactados con Bildu; la creación de un Museo etnográfico en Teruel, con Teruel Existe; inversiones en infraestructuras vascas, valencianas y canarias, con PNV, Compromís y Nueva Canarias, partido al que también ha concedido que el territorio insular no se vea afectado por el tipo mínimo del 15% en Sociedades que se impulsará en 2022.

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 recoge así decenas de nuevas propuestas frente a un texto original que recibió 5.280 enmiendas parciales, de las que Hacienda vetó un millar por su fuerte incidencia en gasto o ingresos, y los letrados del Parlamento otro millar por no estar relacionadas con el Presupuesto.

Las cuentas públicas para 2022 parten de un techo de gasto récord de 196.142 millones de euros (un 0,02% más que en 2021), aprovechando la incorporación de 27.633 millones de las ayudas europeas para la recuperación de la crisis del Covid. El proyecto dispara el gasto social a 248.391 millones (un 3,6% más) e incluye una partida de más de 40.000 millones (9,6% más) en inversiones y transferencias de capital, si bien la Comisión Europea ha advertido de que se trata de unas cuentas de corte contractivo.

La mayor crítica que han recibido las cuentas durante su tramitación ha sido la escasa credibilidad de las proyecciones económicas sobre las que se sustentan, pues el Gobierno mantiene una previsión de alza de PIB del 6,5% para 2021 y del 7% para 2022, pese a que el grueso de analistas ha rebajado ya con fuerza estas cifras.

Uno de los riesgos latentes para las cuentas públicas de cara al año próximo, según constató este jueves la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), es el coste de la revalorización de las pensiones. Con la previsión de inflación para el conjunto de este año, la revalorización en 2022 rondará el 2,5%, es decir, unos 3.600 millones de euros. Además, la garantía de revalorización vigente en 2021 supondrá unos 2.300 millones. En total, recoge Funcas, “un crecimiento del gasto de la Seguridad Social de unos 5.900 millones”.

Tanto Funcas como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) instaron también a llevar a cabo una reducción gradual y sostenida del déficit público hasta conseguir el equilibrio presupuestario. La Airef, además, sugirió aprovechar para impulsar “una reducción sostenida de la ratio de deuda hasta niveles más prudentes”, sobre todo teniendo en cuenta que ya se detectan “señales” que apuntan a una retirada de estímulos por parte de los bancos centrales.