La Ley de Creación y Crecimiento de empresas, conocida como ley Crea y Crece, que entre otras cosas establece medidas para combatir la morosidad empresarial, recibió ayer la luz verde definitiva por parte del Congreso. Ya fue aprobada por la Cámara Baja el pasado 30 de junio con los votos favorables del PSOE, Unidas Podemos, PP y PDeCAT y la abstención de ERC y PNV, pero tras los cambios introducidos por el Senado el Congreso reeditó ayer la votación. Así, sólo queda su publicación en el BOE para que entre en vigor.

Las enmiendas introducidas por el Senado iban en contra del criterio del Gobierno en estas materias, como el período transitorio hasta 2024 para la facturación electrónica y la exención en operaciones de facturación anual que no lleguen a 3.000 euros. También se deja sin efecto la comisión con las que las plataformas de financiación podían gravar plusvalías de los inversores y recupera la legitimación de la acción popular y la redacción que aprobó sobre el derecho a indemnización de un subcontratista afectado por el retraso de un pago.

Algunas voces del ámbito empresarial recibieron positivamente la ley, sobre todo en lo relativo a las medidas introducidas para la lucha contra la morosidad. El presidente de la patronal Pimec y de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, aseguró que esta ley es "una de las más importantes", puesto que "va a salvar muchísimas empresas". En concreto, las medidas contra la morosidad la tipifican como práctica de competencia ilegal en la Ley de Competencia Desleal, pero también se crean medidas coercitivas desde la Ley General de Subvenciones, la Ley de Contratos del sector público o la factura electrónica.

Cañete destacó que a partir de ahora "todo aquel que tenga dinero público, sea subvención o contratos de más de 5 millones, tendrá que cumplir los plazos". Una de las novedades más destacadas en este ámbito es la creación de una lista negra en la que entrarán empresas con 600.000 euros y el 10% de sus facturas fuera de plazo, pero también revelar en su web y memoria de cuentas anuales el volumen total y relativo de las facturas pagadas fuera de plazo y la prohibición de obligar a una empresa a utilizar una plataforma concreta de facturación electrónica.

Además de las medidas contra la morosidad, la ley introduce cambios en la constitución de las empresas, muchas de ellas con la idea de facilitar su creación. Se reduce el coste para constituirlas a un euro frente a los 3.000 establecidos hasta ahora, se facilita crearlas de forma telemática, simplifica trámites, amplía el catálogo de actividades exentas de licencia y se modifican varios aspectos de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado.

En el terreno de la financiación, se añaden mejoras, como el crowdfunding o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo. En el ámbito del crowdfunding, flexibiliza las normas para que las plataformas presten sus servicios en Europa, permite la creación de vehículos para agrupar inversores y reducir costes de gestión, se elevan los umbrales de inversión por proyecto y se modifican los límites de inversión por proyecto para minoristas.

Asimismo, se amplía el tipo de empresas para la inversión del capital riesgo, incluyendo financieras con alto componente tecnológico, se amplía el reconocimiento de fondos cerrados -fondos de deuda que pueden invertir en préstamos, facturas o efectos comerciales- y se elimina a las Sicav la exigencia del informe trimestral, flexibilizando las exigencias de diversificación de inversiones.