Una de las grandes misiones de la CNMV es proteger a los pequeños inversores. Y las emisiones de divisas virtuales han sido uno de las dianas del organismo que preside Sebastián Albella. En 2018 el vigilante de los mercados abrió 73 investigaciones sobre criptoemisiones, para “conocer la naturaleza y situación del proyecto y, en especial, la naturaleza jurídica de los tokens [una suerte de vales] emitidos y su venta entre inversores residentes en España”, según el informe de la CNMV de 2018 publicado ayer.

El supervisor lanzó el año pasado una ofensiva para evitar una burbuja. “Se realizaron seguimientos diarios o semanales del proceso de comercialización de los tokens durante los periodos de preventa y venta de estos últimos”, añade el organismo. La buena noticia es que las conclusiones desvelan que “la captación real de fondos está siendo muy poco significativa, especialmente en comparación con las expectativas generadas”. “No ha habido ninguna criptoemisión que fuera de instrumento financiero y haya requerido autorización”, aclara un portavoz del supervisor.

En el conjunto de su actividad en 2018, la CNMV impuso 39 multas, un 44% más que en el ejercicio previo, inició 21 expedientes sancionadores, frente a los 16 en 2017, y concluyó 23. El organismo explica además que, de los abiertos, siete expedientes fueron a 11 personas, jurídicas o físicas, por manipulación de mercado, uso o comunicación de información privilegiada y realización de ventas en corto descubiertas. El importe de las multas, pese a que su número creció, cayó desde los 13,964 millones a los 9,08.

Una de las novedades del informe publicado ayer está en las resoluciones judiciales. De las 23 referidas a expedientes sancionadores, solo tres sentencias fueron parcialmente estimatorias, de forma que rebajaron algunas de las multas. Es decir, la justicia le dio la razón por completo al supervisor en el 87% de las ocasiones. “En cuanto a las resoluciones dictadas por los tribunales en recursos interpuestos contra resoluciones no sancionadoras, todas refrendaron la actuación de la CNMV”, destaca.

La actividad de supervisión de los mercados se concretó en que el número de operaciones sospechosas reportadas ascendió a 232, un número similar a las recibidas en 2017. “Como en años anteriores, la mayoría de ellas estaban referidas al potencial uso o intento de uso de información privilegiada (66%) y el resto, a posibles manipulaciones de mercado”, aclara.

El número de requerimientos sobre operaciones ascendió en total a 244, un 9,4% por encima de la cifra correspondiente a 2017. Las peticiones referidas a renta variable fueron 171 (frente a las 160 de 2017); los requerimientos de renta fija, seis (19, el año anterior); los de liquidación, cinco (frente a uno); los de compensación, 23 (28); los de derivados, tres (uno en 2017), mientras que los vinculados a otras actividades sumaron 36, un 57% más que en el año previo.

La CNMV requirió a 27 cotizadas por la aportación de información adicional sobre cuestiones relativas a políticas contables, por la ampliación de los desgloses de información suministrados en el informe financiero anual o por ambos temas.