Cada vez es más habitual que la labor de los abogados en defensa de los ciudadanos llegue hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y al Tribunal Europeos de Derechos Humanos (TEDH). Además, los bufetes son conscientes de que la jurisprudencia europea, sobre todo del TJUE, ha sido decisiva para desarrollar el derecho de los consumidores, la jurisdicción laboral, los asuntos sobre hipotecas y cláusulas suelo, el derecho al olvido, etcétera, todas resoluciones de gran impacto en España.

Los juristas consideran que las sentencias del TJUE son tan decisivas como puedan ser las del Tribunal Supremo. Además, el proceso de integración europeo no sólo se basa en los Tratados de la UE, sino que se desarrolla principalmente en el Tribunal de Luxemburgo para integrar el derecho europeo en los derechos nacionales. “Los tribunales europeos tienen más importancia de lo que muchas veces se percibe y cada vez deben estar más presentes en la perspectiva del abogado”, ha asegurado durante una jornada organizada por el Colegio de Abogados de Madrid Juan Luis Requejo Pagés, letrado desde 2010 en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El TJUE, compuesto por el Tribunal de Justicia (un juez de cada país miembro y 11 abogados generales) y por el Tribunal General (2 jueces por cada país de la UE) con sede en Luxemburgo, tiene, según Requejo, “una evidente vocación expansiva para ampliar sus competencias jurisdiccionales y por eso se ha convertido en un tribunal constituyente basado en el principio de primacía”.

Juan Ignacio Signes de Mesa, letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asegura que el “ordenamiento europeo cada vez es más transversal” y no sólo es importante para los abogados especializados en derecho europeo sino para los que se dedican a asuntos genéricos. Los letrados del TJUE aconsejan a los abogados no considerar a los tribunales europeos como unas instancias lejanas y aprovechar su vía expansiva jurisprudencial para defender a sus clientes. Para ello hay una recomendación fundamental: siempre plantear la deriva comunitaria cuando se inicie un pleito ante un tribunal nacional.

En 2020 y a pesar de estar más de dos meses sin actividad por la Covid, se plantearon 735 asuntos ante el TJUE. Desde hace varios años son las peticiones de decisión prejudicial las que constituyen el grueso de los nuevos asuntos sometidos al Tribunal de Justicia, 556 en 2020 frente a 641 en 2019. Los 131 recursos de casación interpuestos en 2020 constituyen el segundo grupo más importante de asuntos planteados.

En la práctica ante Luxemburgo cada vez tienen más importancia las cuestiones prejudiciales que combinadas con el principio de supremacía “son una gran oportunidad para los abogados”, según Signes. De hecho, detrás de las cuestiones prejudiciales más importantes ha habido un abogado como ha pasado en las cláusulas suelo, el céntimo sanitario o la protección de datos.

Si el juez nacional rechaza presentar cuestión prejudicial, ¿qué puede hacer el abogado? Nuestro Tribunal Constitucional ha establecido que no plantear una decisión prejudicial necesita una respuesta fundamentada del tribunal. Su incumplimiento posibilita al abogado para presentar recurso de amparo por vulnerar el derecho al juez ordinario y al proceso debido.

El procedimiento ante el Tribunal de Justicia consta de una fase escrita (exposición ante el TJUE de las imputaciones, motivos o alegaciones de las partes) y de una fase oral, donde se escucha a los abogados de las partes o a los interesados y posteriormente las conclusiones del abogado general. Es obligatorio que los ciudadanos y empresas en el procedimiento ante el TJUE sean representados por un abogado.