Los sindicatos reunidos hoy con los representantes de Función Pública del Gobierno en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas rechazan la propuesta de subir el sueldo un 2% a los funcionarios y empleados públicos. La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, los directores gerentes de Función Pública de las Comunidades Autónomas y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reunidos hoy con las organizaciones sindicales UGT, CSIF, CIG y ELA han abordado la subida anual de sueldo de los funcionarios y empleados públicos de la Administración General del Estado a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para la que el Gobierno ha hecho una propuesta del aumento del 2%.

Los sindicatos UGT, CCOO, CISF, CIG y ELA habían solicitado la convocatoria de esta Mesa ante la proximidad de la presentación del proyecto de Presupuestos de 2022 por parte del Gobierno de coalición, cuyos integrantes, PSOE y Unidas Podemos, ultiman un acuerdo sobre el proyecto de cuentas públicas. El Ministerio de Hacienda traslada habitualmente a los sindicatos mayoritarios de la función pública el alza salarial prevista en los presupuestos de cada año antes de su aprobación en el Consejo de Ministros. El año pasado la subida del sueldo públicos incluida en los Presupuestos de 2021 fue del 0,9%, ante la previsión de inflación manejada entonces por el Ejecutivo, que sirvió también para revalorizar las pensiones con carácter general.

A finales de septiembre el Congreso y el Senado aprobaron sus presupuestos con el visto bueno a subidas del 2% para los funcionarios de las Cortes Generales, cifra que suele coincidir con el resto de alzas en las administraciones públicas en las que trabajan 2.710.405 personas, de los que el 53,78% se concentra en las comunidades autónomas, el 21,39% está en la administración local, el 18,98% pertenece a la Administración Estatal y el 5,85 % trabaja en las Universidades, según datos recopilados por Efe.

A la reunión no ha acudido CCOO tras criticar que “no se trata de una auténtica negociación, sino del traslado de una decisión ya adoptada”, mientras que UGT rechaza una subida salarial que “ahonda en la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos”, al igual que CSIF, que ha exigido que se les compense por la inflación.

La división de Servicios Públicos de UGT rechaza la propuesta del Gobierno ya que supondría “una nueva pérdida de poder adquisitivo, que se sumaría a la que han experimentado en 2021. Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, ha denunciado que un 2% nos condenaría un año más a sufrir mermas en nuestra capacidad de compra (…) más aún cuando las previsiones de alza del PIB para 2022 son más que halagüeñas, sobre el 5,9%”.

UGT también ha afeado las formas en las que el Gobierno ha realizado esta convocatoria “con urgencia y sin dar la oportunidad de negociar realmente”, aunque ha valorado que el Gobierno haya dado un primer paso para abordar el problema del empleo en las Administraciones al elevar la tasa de reposición ordinaria (convocatorias para puestos que quedan vacantes por jubilación u otras causas) al 110% y al 120% en sectores prioritarios y administración Local con deuda financiera satisfecha y un 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que permitirá la creación de empleo público neto, señala UGT; que ha pedido también abordar la jubilación parcial.