"Queremos lanzar un mensaje nítido las empresas: esto va en serio. Los sindicatos no vamos a permitir que una crisis de precios que ni remotamente han generado los trabajadores la vayan a pagar ellos". Esta ha sido la clara advertencia a los empresarios formulada hoy por el secretario general de CC OO, Unai Sordo, tras reunirse con su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, para unificar la estrategia de negociación a partir de ahora en los convenios colectivos, tras la ruptura de conversaciones con CEOE.

La primera cuestión que han acordado ambos sindicatos es mantener las demandas salariales que han defendido durante la mayoría del proceso negociador con las patronales y que serán las peticiones que recomendarán que hagan los negociadores de los convenios en los sectores y en las empresas. Estas demandas consisten en incrementos de sueldos del 3,5% este año, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024, pero siempre con cláusulas de garantía salarial que se apliquen anualmente y que abonen a los trabajadores la diferencia entre el salario pactado y la inflación a final de año.

Pero si en los procesos de negociación de los convenios las patronales y empresas "no atienden a estas demandas extremadamente moderadas –ha dicho Álvarez– que la CEOE sea consciente de los sindicatos promoverán antes de verano un proceso de movilizaciones" en las compañías y en los sectores para exigir sus reivindicaciones. "En junio habrá hitos movilizadores" ha añadido Sordo.

Dicho esto, ambos dirigentes sindicales arremetieron de manera determinante contra las patronales CEOE-Cepyme por haber recordado a las empresas en su última circular de recomendaciones para la negociación colectiva que, si no pueden atender a las demandas salariales de los trabajadores procedan a inaplicar sus convenios de referencia, como permite la ley. "No sé si la patronal es consciente de que juega con fuego", al hacer esta recomendación, dijo Álvarez, quien aprovechó para exigir que se cambien la normativa que regula estas inaplicaciones (también conocidas como descuelgues) y que dio más poder a las decisiones empresariales en la reforma de 2012.

"La CEOE ha sido sumamente irresponsable aconsejando los descuelgues como política general para las empresas", ha dicho Sordo, quien ha recordado que solo deben usarse para "evitar males mayores como despidos o cierres de empresas, pero nunca como política salarial".