El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya ha diseñado una propuesta completa de cómo quiere que sean los nuevos fondos de pensiones de promoción pública, que pretende tener listos antes de que acabe este año. El departamento que dirige José Luis Escrivá ha redactado un borrador del anteproyecto de ley de fondos de pensiones de promoción pública y planes simplificados. El texto recoge la arquitectura básica de una de las medidas estrella de este Gobierno en materia de previsión social complementaria.

Según este borrador, la Seguridad Social está pensando en lanzar una suerte de marco común bajo el que sumar multitud de planes colectivos de empleo, descartando un macrofondo de pensiones para empresas y autónomos con gestión privada obtenida por concurso y una supervisión pública.

Por el contrario, podrán constituir los planes de empleo simplificados (una figura jurídica de nueva creación, y vinculada necesariamente a los fondos de empleo de promoción pública), “empresas incluidas en los acuerdos sectoriales vinculados a la negociación colectiva”; “Administraciones públicas y sociedades mercantiles públicas”; “asociaciones de trabajadores autónomos para sus asociados, por colegios profesionales o por mutualidades de previsión social (como la Mutualidad de la Abogacía)”.

Todos ellos “serán administrados por una entidad gestora con el concurso de una entidad depositaria y bajo la supervisión de una única comisión de control especial para todos los fondos de pensiones de promoción pública”. Según el anteproyecto podrán ser entidades gestoras de fondos de pensiones de empleo de promoción pública las entidades que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 20 Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones.

Cada asociación de autónomos, Administración pública o patronal sectorial deberá presentar hasta tres propuestas de gestoras para que se encarguen de administrar el dinero que se vaya depositando a favor de los trabajadores. Por lo tanto, podrían participar decenas de firmas (normalmente ligadas a bancos, a aseguradoras y a mutualidades de previsión social, así como alguna firma independiente, e incluso grupos extranjeros).

La comisión máxima que podrán cobrar las gestoras será del 0,4% anual, mientras que la entidad depositante podrá cobrar hasta un 0,1% anual. Por lo tanto, como máximo las comisiones llegarán al 0,5%, muy por debajo de las que se pagan en planes de pensiones individuales.

El Gobierno explica en la exposición de motivos las dos razones que le han llevado a promover este fondo de promoción pública. En primer lugar, se refiere al informe de la Airef que determinó que el actual sistema de pensiones privadas era claramente regresivo fiscalmente y no lograba su objetivo de ser un instrumento de ahorro a medio y largo plazo.

En segundo lugar, se refieren al “estancamiento observado en la actualidad en los planes de pensiones de empleo”. Desde 2012 su patrimonio se sitúa en el entorno de los 35.681 millones de euros alcanzados al cierre de 2020 y superando ligeramente los dos millones de partícipes. De esta forma, el peso relativo de los fondos de empleo sobre toda la previsión total complementaria ha pasado del 50% en los años noventa al 25% actual.

Para revertir esta situación, además de la creación de este fondo –que también responde a las recomendaciones del Pacto de Toledo y a las de la Comisión Europea en el marco de los fondos de recuperación—el Gobierno ha modificado también los incentivos fiscales a la inversión trasladando el grueso de las deducciones a los planes colectivos en detrimento de los individuales, en los que en 2021 solo se podrá aportar 2.000 euros, y 1.500 euros en 2022, frente a los 8.500 euros que regirán para los planes de empleo.

La nueva normativa prevé que “los activos de los fondos de pensiones serán invertidos exclusivamente en interés de los partícipes y beneficiarios tomando en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones”.