Incluida la prestación extraordinaria por cese de actividad, que había sido cuestionada por el Ejecutivo. Según fuentes de esta negociación consultadas por este diario, entre los requisitos de acceso a la prestación extraordinaria se exigirá al autónomo solicitante una caída del 75% de sus ingresos comparando el último trimestre 2019 con el último trimestre de 2021. Además, el límite de rendimientos netos que no podrán superar para recibir esta ayuda extraordinaria se eleva hasta el 75% del salario mínimo interprofesional actual (965 euros al mes en 14 pagas). Esto significa que se otorgará a quien no rebase en el tercer y cuarto trimestre los 5.066,25 euros.

Asimismo, se mantienen exoneraciones graduales para aquellos que hayan venido disfrutando de alguna de las prestaciones hasta septiembre y la prestación ordinaria por cese de actividad sigue regulada como hasta ahora, según estas mismas fuentes. Además, hay otros 200.000 autónomos que solo tienen exoneraciones sin prestación.

Por otro lado, y dado que las empresas deberán solicitar de nuevo los ERTE, preocupa el futuro de dos colectivos de asalariados en especial. El primero de ellos son alrededor de 91.000 trabajadores encuadrados en ERTE de fuerza mayor desde el principio de la pandemia, cuyas empresas ya no reciben exoneraciones y que no se reincorporan a la actividad ni parcialmente desde hace año y medio.

Igualmente, están en una situación delicada más de 100.000 empleados en ERTE que trabajan en sectores especialmente dañados por la pandemia y que apenas se han recuperado de la crisis sanitaria, como son los casos de algunas empresas que operan en los sectores del comercio, comidas y bebidas, transporte –especialmente las aerolíneas– alojamiento o agencias de viajes.