El Gobierno ya ha trasladado a los sindicatos una primera propuesta para los nuevos ERTE. Llevarán el nombre de Red y como principales novedades tendrán aparejado un fondo propio para financiarlos, una prestación nueva que no consumirá desempleo e incluirá formación para que los trabajadores puedan adquirir nuevas capacidades y encontrar un nuevo empleo.

La idea del Ejecutivo es que Red suponga una herramienta que aporte flexibilidad a las empresas cuando sufran una coyuntura adversa o tengan que ajustarse por motivos estructurales como la transición tecnológica. En concreto, el Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilidad en el Empleo tendrá dos modalidades. Por un lado, el de causas estructurales, pensado para crisis sectoriales.

Este programa conllevará obligatoriamente la puesta en marcha de un plan de recolocación, que podría ser gestionado por agencias privadas y las compañías que contraten a estos trabajadores que estaban acogidos al Red estructural se beneficiarán de bonificaciones durante seis meses. El otro tipo de mecanismo Red que incluye el documento es el de causas cíclicas. El Ministerio de Economía fijará a partir de un conjunto amplio de indicadores los parámetros objetivos para poder activar este instrumento.

Además, se creará un Fondo Red de Flexibilización y Estabilización del Empleo con la intención de financiar las modalidades cíclicas y estructurales, las prestaciones y exenciones y el coste de la formación que se dotará con el exceso de ingresos que tengan por cotizaciones sociales las políticas de empleo. Recibirá también aportaciones de los Presupuestos, y financiación de la UE.

El Ejecutivo quiere penalizar a las empresas que con los nuevos ERTE no consigan recolocar a sus trabajadores dentro de su propio grupo empresarial. Por lo tanto, en primer lugar, el trabajador deberá aceptar voluntariamente la recolocación en otra empresa distinta del grupo en el que estaba. Y, en segundo lugar, la compañía donde estaba el empleado deberá transferir al Fogasa el 50% de la cuantía del despido improcedente que le hubiera correspondido al trabajador si no hubiera sido recolocado. Es decir, despedido y con derecho a la protección por desempleo. Con las cantidades que por este concepto transfieran las empresas al Fogasa, el Ejecutivo quiere crear un fondo para financiar los procesos de recolocación de los trabajadores despedidos.

En su caso, el trabajador suscribirá un nuevo contrato de trabajo con su nueva empresa, sin antigüedad, y con las nuevas condiciones laborales. El Gobierno creará también una nueva Prestación de Sostenibilidad para los trabajadores afectados que equivaldrá al 70% de la base reguladora y no superará los 1.271 euros al mes. Los que se acojan tendrán cobertura de la Seguridad Social por si tiene una enfermedad, pero no estará cotizando. Igual que sucede con los ERTE, esta prestación no consumirá periodo de desempleo.