Desde el 1 de enero de 2006 hasta 31 de marzo de 2021 el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales de los notarios ha comunicado al SEPBLAC 7.313 operaciones sospechosas. El 80 % de estas comunicaciones han ayudado a prevenir o descubrir blanqueo de capitales, en cuyo origen existen delitos de tráfico de drogas, financiación del terrorismo, contra las personas, estafas, fraude fiscal y contra la Administración, delincuencia organizada y corrupción.

Así lo ha señalado Pedro Galindo, director del OCP, en una rueda de prensa esta mañana, quien ha asegurado que “los notarios son unos aliados imprescindibles del Estado en la lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos” También ha señalado que “el mismo SEPBLAC considera que los notarios son una pieza clave en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.

Las principales operaciones mediante las cuales se ha pretendido lavar dinero o financiar terrorismo han sido la compraventa de inmuebles, la compraventa de acciones y participaciones, el nombramiento de cargos que sirvan como testaferros, la constitución de sociedades, y determinados actos societarios, como ampliaciones de capital y poderes, entre otros. “Hoy en día no existe investigación patrimonial vinculada a estos delitos en la que, de una u otra forma, no colabore el Órgano Centralizado de Prevención de los notarios”, ha destacado Pedro Galindo.

El OCP se creó mediante una Orden de Economía y Hacienda de septiembre de 2005 y comenzó su actividad el 1 de enero de 2006, para canalizar la colaboración de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales. Está integrado por expertos en esta materia y se nutre de dos fuentes principales: las sospechas que le comunican los propios notarios y la búsqueda de información en el Índice Único Informatizado Notarial.

“La colaboración del OCP ha sido tan estrecha en este período que se han contestado 237.390 requerimientos de información de las autoridades competentes, policiales o judiciales, de modo telemático y en plazos mínimos de tiempo”, ha señalado Galindo.

Esa colaboración no solo se ha fraguado con el SEPBLAC, sino también con otras autoridades competentes en esta materia, a través de convenios de colaboración como los alcanzados con Fiscalías Antidroga, Anticorrupción y de Delitos Financieros, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el Organismo de Recuperación y Gestión de Activos o la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por citar solo una serie de ejemplos, o con instituciones internacionales como INTERPOL, EUROPOL o la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

El Índice Único Informatizado Notarial es una base de datos (la segunda del país) donde se almacenan desde el 1 de enero de 2004 los datos estructurados de más de 135 millones de documentos, referidos a más 41 millones de personas físicas y a más de 3,5 millones de personas jurídicas (desde una sociedad a una fundación, pasando por un partido político, sindicato, etc.). Esta base de datos ha permitido confeccionar otras dos herramientas esenciales: la Base de Datos de Titular Real y la Base de Datos de Personas Políticamente Expuestas.

En la primera, que se creó en 2012, consta la titularidad real, es decir, la identificación de las personas que toman verdaderamente las decisiones en una empresa, fundación o asociación, sea del tipo que sea. Esa información no se basa en meras manifestaciones recogidas en documentos privados, sino que procede de documentos públicos. En esta base hay datos acreditados de 2.094.000 sociedades limitadas, 126.000 sociedades anónimas y 210.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos.