El Ministerio de Trabajo y Economía Social prevé que la Inspección de Trabajo pueda iniciar actuaciones sancionadoras de forma automatizada. Es decir, mediante actas que se extiendan sin intervención directa de un funcionario, solo a partir del análisis por un sistema informático de los datos disponibles por la Administración. Así lo prevé un proyecto de real decreto por el que se modifica el reglamento de procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social, presentado por el departamento que dirige Yolanda Díaz el pasado mes de enero.

Según se expone en la propuesta, la misma responde a la evidencia de que, en la actualidad, “el análisis masivo de datos para la detección de fraude permite conocer la existencia de posibles incumplimientos de los sujetos obligados, especialmente en materia de Seguridad Social”, una circunstancia que “pone de manifiesto la necesidad de automatizar, en casos concretos, la actividad de la Inspección de Trabajo para poder actuar ante tales incumplimientos”. Esta medida, que constituye una completa novedad en nuestro ordenamiento, ha sido bien acogida por los sindicatos, pero ha generado polémica entre los inspectores.

Como señala Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, “hace tiempo que hemos venido pidiendo que la Inspección de Trabajo dispusiera de los medios y recursos adecuados para afrontar las situaciones de precariedad y fraude que se producen en nuestro país”. En este sentido, consideran que esta medida “va a permitir liberar recursos de la Inspección” y agilizar el control de escenarios como la economía sumergida. Eso sí, advierte Pino, siempre habrá que tomar precauciones con el algoritmo utilizado, pues este “es un producto del ser humano y, por ello, puede incurrir en los mismos sesgos que este”.

No comparte la misma visión el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS). Este organismo alertó en un comunicado emitido el pasado 26 de enero de que el proyecto de real decreto presentado por el Gobierno “rompe con los principios de legalidad, seguridad jurídica, eficiencia, neutralidad e imparcialidad de la Inspección”. En opinión de esta organización, “esta medida quiebra la reserva de la función inspectora que la ley atribuye a los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo”, “rompe la eficacia del servicio público prestado y la necesaria seguridad jurídica” y “limita o condiciona la necesaria independencia y autonomía técnica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.