Los grandes empresarios valoran que la situación económica es la peor desde 2014. Apenas le dan un aprobado raspado -un 4,91- sobre una escala de 0 a 9, de muy mala a muy buena. A excepción de 2020, cuando tuvo lugar la pandemia del coronavirus, cuando la nota fue del 4,1, el estado de ánimo de los empresarios es el peor de los últimos ocho años. Es la valoración general de los 500 miembros del Instituto de la Empresa Familiar, presentes en el congreso anual que celebra en Cáceres.

Es más, el 58% de los empresarios sostiene que el crecimiento a largo y medio plazo será frágil y sin creación neta de empleo. Es la valoración más pesimista desde 2018, a excepción, de nuevo, de 2020, cuando estalló la pandemia. El 40% vaticina un aumento moderado de la actividad con una creación de empleo limitada. Para 2023, el 48% de los empresarios espera aumentar las ventas, mientras el 39% espera un nivel similar de ventas. En este contexto, el 56% espera mantener el empleo el próximo año, mientras que sólo el 35% espera incrementarla.

El presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Andrés Sendagorta, hizo ayer una encendida defensa de las empresas familiares durante la inauguración del vigesimoquinto congreso del IEF. "Cuando a las empresas familiares les va bien, a España le va bien. Porque representamos, con modestia y legítimo orgullo, una parte muy importante de la economía española. Solo las 100 empresas que componen el IEF pagaron 3.000 millones de euros en el impuesto de sociedades, y 5.200 millones, en contribuciones sociales en 2021. Imaginaos si a esas 100 empresas les sumamos los datos de las otras 1.500 empresas que hay en las 18 asociaciones territoriales", aseguró en su discurso.

Pese a todo, Sendagorta evitó realizar valoraciones explícitas sobre el actual debate impositivo, marcado por las supresiones del impuesto de Patrimonio en Madrid o Andalucía (comunidades gobernadas por el PP) o la deflactación (la adecuación del impuesto a la inflación) del IRPF prevista para el año que viene en ambas comunidades autónomas. A ello el Gobierno ha respondido con una reforma fiscal con dos grandes cambios: un nuevo impuesto a la riqueza, que lo abonarán los contribuyentes con una riqueza neta de más de 3 millones de euros, y la limitación temporal para grandes grupos consolidados, que les impedirá compensar la mitad de las pérdidas de sus filiales en el impuesto sobre sociedades en 2023. Solo esta segunda medida afectaría a 3.600 empresas, muchas de ellas de origen familiar.