La Administración debe facilitar la gestión de la liquidez de las herencias para evitar las renuncias, cuyas estadística cada vez crecen más, según han explicado y, además, es preciso aclarar las normativas plagadas de imprecisiones que acaban en cientos de litigios, según han concluido los cinco expertos en fiscalidad que han participado en el foro de debate titulado ¿Dónde poner los límites a la fiscalidad del patrimonio y su transmisión empresarial y personal?', organizado por la Fundación Notariado.

Para Fernando Fernández, economista y profesor de Economía, "es necesario que los plazos, cuando no se trata de herencias que sean líquidas, que no sean fácilmente divisibles, deberían tener unos plazos más amplios y, además, no deberían exigirse los avales bancarios y los intereses de demora que se aplican, porque encarecen los procedimientos y son la causa de muchas de las renuncias, ya que es necesario poner dinero por adelantado y, en muchas ocasiones pedir créditos bancarios.

A este respecto, Carmen Jover, vicepresidenta del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE) ha explicado que este problema afecta sobre todo a las herencias con inmuebles, donde además "hay unas valoraciones tributarias elevadas y en muchas ocasiones éstos se venden muy por debajo".

Luis Aribayos, secretario general de Cepyme ha señalado que es necesario que el legislador conozca la realidad del sector empresarial español antes de legislar, puesto que el 99,8% de las empresas son pymes y sólo hay 5.100 que no lo sean. Explico que es necesario tener en cuenta que la mitad de las empresas desaparecen en los tres primeros años de vida, por lo que "no podemos perder tejido productivo por un impuesto como el del Patrimonio, puesto que a medida que aumenta la vida de las empresas aumentan sus posibilidades de crecer".

El notario Javier Juárez ha destacado que "la Ley del Impuesto sobre sucesiones para la empresa familiar es de 1987 y casi no se ha modificado desde entonces".