¿Cómo sería esa propuesta? Los académicos y fiscalistas consultados por La Vanguardia discrepan sobre la forma de acometer la armonización. El primer elemento es el establecimiento de un tipo mínimo por parte del Estado a un impuesto cedido al 100% a las comunidades autónomas. Rafael Granell, profesor de economía aplicada de la Universitat de València y colaborador del IVIE, ve con buenos ojos establecer un tipo mínimo en patrimonio mientras ve innecesarios un máximo, pero advierte que “es difícil llevarlo a cabo porque nunca se ha aplicado en España un sistema similar”.

Alejandro Esteller, catedrático de Economía de la Universitat de Barcelona y miembro del IEB, asegura que se podría optar por un modelo similar al que se sigue en EE.UU. y que el Estado español recaudara una parte de patrimonio. “En aquellas comunidades que lo tuvieran a cero, los contribuyentes solo pagarían al Estado”, dice Esteller quien precisa que tampoco se beneficiarían del mismo las comunidades que lo tienen bonificado al 100%. En el resto de comunidades obviamente el contribuyente se deduciría de la tarifa autonómica la que ya paga el Estado. “Legalmente es un tributo cedido y el Estado puede hacerlo”, añade Esteller.

Ese mecanismo podría aplicarse también en sucesiones y donaciones. El director de Fedea, Ángel de la Fuente, no cree que sea la manera de armonizar un tributo cedido y apostaría en todo caso porque el Estado estableciera “un límite inferior bajo” en sucesiones. En cuanto a patrimonio lo considera un tributo “muy malo” y añade: “se puede considerar confiscatorio porque pagas una y otra vez”. Foment del Treball ha creado su propio grupo de expertos fiscales para contraponer las propuestas del comité impulsado por Hacienda. En ese grupo está el secretario general de Foment, Savador Guillermo: “Nuestra propuesta de armonizar el impuesto de patrimonio es armonizar con su eliminación”, señala.

En cambio, Granell cree que patrimonio tiene justificación porque en muchos casos el citado patrimonio no genera renta y, por lo tanto, no puede gravarse a través del IRPF. En cuanto a sucesiones, todos los académicos y fiscalistas consideran que debería establecerse un tipo mínimo. “El impuesto de sucesiones es el que tiene más justificación en cuanto a la fiscalidad de la riqueza puesto que con ese tributo se facilita que el Estado redistribuya entre la sociedad esa riqueza cambia de manos”, dice Granell. “Si se gravara bien las herencias quizás no haría falta el impuesto de patrimonio”, añade. Esteller señala que “la ganancia patrimonial que significa recibir una herencia es parecido a que te toque la lotería”. Por eso a su juicio es de justicia grabarlo.

José María Mollinedo, secretario del sindicato de técnicos de Hacienda, estima que cualquier reforma que afecte a los tributos cedidos no se podrá poner en marcha hasta el 2023. “Debería negociarse un acuerdo de financiación autonómica por la cesión de los tributos a las comunidades autónomas, lo que retrasaría todo el proceso”, dice Mollinedo.