España tiene por delante el reto y la oportunidad de redefinir su sistema tributario y los expertos creen que es el momento propicio para revisar las figuras clásicas de imposición directa, como IRPF o sociedades, e indirecta, como IVA e impuestos especiales, pero también para repensar los gravámenes al patrimonio y para desarrollar un nuevo marco de tributación medioambiental. Así lo defendieron ayer cuatro relevantes académicos durante el encuentro El debate de la reforma fiscal: un nuevo modelo para una economía diferente, organizado por Cinco Días en colaboración con Estrategos, en el que analizaron las claves de la reforma fiscal que impulsará la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que intervino minutos antes.

En líneas generales, defendió Carmen Jover, economista y presidenta de la comisión fiscal del Colegio de Economistas de Cataluña, “el sistema tributario puede ser el que tenemos, pero vuelto a empaquetar de forma más clara y sencilla para garantizar seguridad jurídica, reducir la conflictividad judicial y atajar la lucha contra el fraude”.

El campo en el que más hace falta innovar, expuso Jover, es el de la fiscalidad medioambiental “muy fragmentada porque cada comunidad autónoma hace lo que quiere”. “Hay que ir a un sistema común y, en algunos casos, sustituir impuestos por tasas y dar prestación de servicios por esos tributos”, adujo.

“Una parte debería canalizarse como tasa, o como la variante intermedia entre eso y un impuesto, el canon”, coincidió Jorge Onrubia, profesor titular de Hacienda Pública y Sistema Fiscal e investigador asociado de Fedea. Eso sí, entendiendo que estas no son figuras redistributivas, porque lo que hacen es corregir comportamientos indeseados, si bien luego puede abrirse el debate sobre cómo compensar a la parte de la población afectada que pueda necesitarlo.

La contaminación, apuntó José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de Fedea, “es una externalidad negativa y la única forma de frenarlo es establecer que el que contamina paga”. En ese sentido apostó por gravar “la gasolina, el diésel o el carbón y, si se quiere, usar esos recursos para financiar energías renovables”, asumiendo que “si la economía contaminante es barata se seguirá usando”.

En cuanto a la tributación de la riqueza, los expertos coincidieron en que lo lógico sería abolir el impuesto de patrimonio, un caso único en la UE, a cambio de rediseñar el resto de figuras del ramo. “Hay que dotar de contenido y capacidad recaudatoria al impuesto de sucesiones y donaciones”, reivindicó Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y director de estudios financieros de Funcas. “No es lo mismo recibir una renta tras 30 años de trabajo y esfuerzo que por una herencia”, ilustró, defendiendo que se trata de una figura clave, y tradicional en la mayoría de países del entorno, que ha quedado desdibujada por “la disputa entre las comunidades autónomas por parecer que son más amigables a las empresas, las personas o a la atracción de talento”. En este sentido apuntó como paradigmático el caso de Madrid, que bonifica con fuerza el tributo.

“Salvo que pienses que un padre y un hijo son la misma persona, no tiene sentido que quede exento” de tributar por la herencia, agregó Conde-Ruiz, que criticó que se le denomine a veces “impuesto a la muerte”. Onrubia se sumó a esta tesis alegando que “no hay economista que no lo vea un gravamen fundamental”, incluso en economías liberales como EE UU. En cuanto a la presión fiscal sobre el ahorro, el grupo de expertos coincidió en criticar que el Gobierno haya decidido rebajar el límite de aportaciones deducibles de los planes individuales de pensiones, a fin de fomentar el uso de los colectivos, teniendo en cuenta los graves problemas de financiación que pesan sobre el sistema público. Se deberían equiparar, dijeron.

Finalmente, en el caso de la tributación de las empresas, los expertos abogaron por revisar los beneficios fiscales y potenciar el tamaño de las empresas a fin de ampliar las bases imponibles. Con todo, matizaron, no es razonable esperar que sociedades, que en 2020 aportó 15.000 millones de euros, recupere los 45.000 millones que ingresaba en 2007. “Volver a esos niveles de recaudación exigiría otra burbuja inmobiliaria”, sentenció Conde-Ruiz.