El Gobierno iniciará el jueves la negociación para la prórroga de los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) ligados al Covid, que expiran a finales de este mes, con apenas la mitad de trabajadores en suspensión temporal de actividad que había antes del inicio del verano. Tras la firma de la última prórroga, después de alcanzar un acuerdo in extremis con los agentes sociales a finales de mayo, el número de personas en ERTE ha pasado de 542.000 a 272.000. Sin embargo, algo más de un tercio, unos 95.600 trabajadores, son de difícil recuperación ya que se encuentran en modalidades que no cuentan con ningún tipo de exoneración a la Seguridad Social.

Ya a finales de junio, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, alertó de las mayores dificultades que tendrían estas personas para reincorporarse a sus puestos de trabajo, ya que pertenecían a empresas “que ya tenían alguna debilidad previa a la crisis” y que probablemente requerirán de algún tipo de “reestructuración”. Por ese entonces, el número de personas acogidos a ERTE sin exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social rondaba las 150.000. La recuperación económica y la relajación de las restricciones sanitarias ha hecho que esta cifra se contrayera en un tercio en apenas un par de meses.

Además, más de 188.000 profesionales están acogidos a ERTE de suspensión total de la actividad. Esto, advirtió el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, puede significar que parte de estos trabajadores se encuentren empleados “en empresas zombis”, es decir, compañías que no son viables. “Seguramente una parte de lo que queda sea difícil de recuperar, yo espero que sea una parte menor”, comentó Sordo.

Del total de profesionales que actualmente siguen acogidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, unos 176.000 están en alguna de las modalidades aprobadas el 1 de octubre de 2020 que sí conllevan exoneraciones. La gran mayoría, más de 116.000, están empleados en los conocidos como sectores ultraprotegidos. Estos componen un total de 45 actividades económicas tan variadas como: hostelería; el transporte aéreo de pasajeros; el transporte marítimo; la extracción de minerales de hierro; la edición de periódicos; las artes gráficas; los juegos de azar y apuestas; los restaurantes y puestos de comida; o la fabricación de explosivos, entre muchos otros.

En mayo también se renovaron las prestaciones para autónomos golpeados por la crisis. Cuando se firmó dicho acuerdo, el número de trabajadores por cuenta propia acogidos a estas ayudas era de 458.000. En línea con la reducción de los ERTE en verano, el número de autónomos que reciben la ayuda se redujo notablemente, en un 48%, pero sigue habiendo casi 223.000 trabajadores por cuenta ajena que perciben esta prestación del Gobierno. Así, entre los ERTE y los autónomos que cuentan con este auxilio, hay medio millón de afiliados a la Seguridad Social que aún no han vuelto a la normalidad. Es por esto que los empresarios piden celeridad para dar comienzo de nuevo a las negociaciones y así evitar que ocurra lo que pasó en la última prórroga, cuando el pacto se alcanzó en el último momento.

“Hay que ponerse las pilas para trabajar ya en la normalidad. Tampoco podemos seguir jugando a que haya dinero porque sí, hay que usar el necesario en las causas necesarias, pero efectivamente habrá que ver cómo se plantean estos ERTE”, decía estos días el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Aunque es previsible que haya prórroga (ya se les ha prometido a sectores como el turístico) está por ver en qué condiciones. Patronal y sindicatos aspiran a renovar el modelo vigente sin apenas cambios mientras que el Gobierno aspira a seguir modulándolo e incluso baraja usar esta última extensión –previsiblemente hasta final de año– como puente hacia los nuevos ERTE ligados a formación que busca impulsar en 2022.