El contrato de España con la Comisión Europea para la recepción de los fondos Next Generation EU depende de una serie de reformas estructurales sobre las que Bruselas está muy pendiente y vigilará con lupa. Entre ellas, la reforma fiscal es uno de los grandes compromisos que se comprometió a realizar el Gobierno de Pedro Sánchez. Los expertos fiscales, directivos y empresarios, consultados por la consultora PwC, señalan sus preferencias para transformar el sistema fiscal y restaurar la suficiencia financiera. En definitiva, opinan cómo se puede ingresar más, gastar menos y ganar en eficiencia.

Para empezar, el 79% de los encuestados no creen, es decir, se posicionan en desacuerdo con que la solución sea un aumento generalizado de la presión fiscal. Por su parte, apuestan mayoritariamente por un mayor esfuerzo contra el fraude fiscal (casi tres de cada cuatro lo recomiendan). Otra alternativa que se explora en la encuesta es la de los impuestos medioambientales. Dos de cada tres opiniones están a favor de potenciarlos, aunque no tanto por razones recaudatorias como por la conveniencia de desanimar el consumo no sostenible desde el punto de vista medioambiental.

La posibilidad de subir los tipos del IVA genera una cierta división entre los participantes, aunque son más (casi un 40%) los que están en contra. Medidas o recargos transitorios para elevar la presión en los impuestos, como el IRPF o el de Sociedades, también son rechazados por la mayoría. Tampoco deberían tocarse ni la fiscalidad de las rentas salariales ni las cotizaciones sociales, que ya están suficientemente gravadas. La contribución de las empresas a la Hacienda común es objeto de discusión a nivel nacional e internacional. Los encuestados defienden su simplificación y también son partidarios en su mayoría de que los esfuerzos de la inspección se centren en los grandes grupos.

A nivel internacional, la opinión es concluyente: el 77,7% apoya el reciente pacto de la OCDE, firmado por 130 países, para establecer un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades, que trata de evitar el uso abusivo de las políticas de competencia fiscal para atraer a los inversores. Cosa distinta es si finalmente dicho acuerdo se llevará a la práctica. Casi la mitad creen que es poco probable. Por otra parte, una amplia mayoría aboga por la supresión de los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones, que también son objeto de debate público en España por las diferencias de aplicación entre comunidades autónomas.

La encuesta apunta claramente hacia el gasto corriente como principal partida a recortar para recuperar el equilibrio financiero. Tres de cada cuatro participantes están por la labor. Otra forma de reducir gastos es el ajuste de las bonificaciones y los tipos reducidos en los diversos impuestos. En este punto, las opiniones son más matizadas. Casi la mitad están a favor, pero cuando se desciende al detalle por impuestos, no hay muchos partidarios de meter aquí la tijera. Solo en el caso del Impuesto sobre Sociedades hay un porcentaje significativo (41,2%) que defiende suprimir las exenciones y bonificaciones actuales. En el IRPF y en el IVA no hay consenso para eliminarlas.

El copago de la educación es rechazado por el 39,4%. Por el contrario, la aplicación de sistemas de copago en los servicios de la sanidad pública y en los medicamentos cuenta con un respaldo significativo (un 44,2% lo aprueba). Los encuestados están también preocupados por la situación financiera de las Administraciones Públicas y por la ausencia de mecanismos de control adecuados. Según el 61,2% de ellos, el precepto de estabilidad financiera de las Administraciones Públicas no está acompañado de una normativa sancionadora que limite suficientemente su incumplimiento. También hay críticas a la labor del Tribunal de Cuentas, que para la mayoría no ha cumplido con su función y debería ser sustituido por un organismo independiente.