La negociación para la prórroga de los Ertes, que finalizan el 31 de mayo, se presenta complicada. Todo apunta a que los tipos de expedientes que rigen hoy quizás no se adecuen a la situación económica y sanitaria que se prevé para los próximos meses, aunque no hay acuerdo sobre cuál ha de ser el modelo que sustituya al actual. Sí parece más seguro que la prórroga, que el Gobierno ya ha confirmado, podría alargarse hasta final de año.

Dos son las grandes incógnitas que han de dirimir los negociadores -Gobierno, empresarios y sindicatos-. Por un lado, si los futuros Ertes deben premiar con mayores bonificaciones en la Seguridad Social a aquellas empresas que retornen a los trabajadores a sus empleos o si, por el contrario, se deben volcar los esfuerzos económicos en las empresas de sectores donde la actividad está lejos de normalizarse y sus plantillas de volver al tajo.

El segundo punto de negociación se concentrará en el intento de los empresarios de que se flexibilice la exigencia de los actuales Ertes de castigar a aquellas empresas que habiendo acudido a un Erte quieran despedir a parte de su plantilla antes de haber transcurrido seis meses desde la finalización del expediente de empleo temporal.

La primera cuestión, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, la resume acertadamente con una sola palabra: «depende». Y aporta también la respuesta: el modelo de los futuros Ertes vendrá marcado por cómo evolucione la campaña de vacunación y las medidas preventivas. Si las cosas van bien y los contagios remiten de forma considerable, habrá llegado el momento, en opinión de Garamendi, de animar a las empresas a que recobren a sus trabajadores y empiecen a producir bienes y servicios. En esta situación, la deseable, tendrá todo el sentido del mundo incentivar con bonificaciones en las cuotas la vuelta de las plantillas al trabajo.

Pero si las cosas no van en esta dirección, el presidente de la CEOE considera que habrá que mantener el actual modelo en vigor y seguir defendiendo a las empresas que no pueden abrir todavía porque la pandemia impida la libre movilidad de sus clientes y, por tanto, la prioridad será que, aunque inactivas, estas empresas sigan vivas.

Pero en este punto, la prioridad es que el Gobierno se aclare por qué opción se inclina. Una vez más han saltado las chispas entre los socios de Gobierno y las posiciones están divididas. La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se han decantado por incentivar el retorno de los trabajadores todavía en Erte. Siguen la tesis expuesta por el Banco de España de que hay una fuerte resistencia a que vuelvan a sus empleos los 750.000 trabajadores actualmente en Erte.

Así, la responsable del área económica del Ejecutivo habla de un nuevo «Erte de transición» que perdure hasta final de año. Aunque cabe recordar que, en marzo, por el tirón de Semana Santa, se reincorporaron 115.000. Enfrente, la vicepresidenta tercera y responsable de la negociación de los Ertes con empresarios y sindicatos, Yolanda Díaz, contestó el pasado jueves a sus compañeros de Consejo de Ministros que «los Ertes seguirán después del 31 de mayo con una fórmula muy similar a la actual».

Calviño zanjó este viernes este rifirrafe entre ambas facciones del Ejecutivo escenificado en los medios de comunicación. La ministra de Asuntos Económicos aprovechó la presentación de las nuevas previsiones económicas del Gobierno de este año y el próximo para avanzar que la negociación con los agentes sociales debe venir precedida de «un trabajo interno en el Gobierno sobre esos Ertes de transición para la segunda parte del año».

Sin embargo, por complicado que parezca lo anterior, más enmarañada está la pretensión de la CEOE y Cepyme de convencer al Gobierno de que retiré la exigencia de no despedir en un plazo de seis meses a aquellas empresas que se han acogido a un Erte. Lo intentó en enero en la anterior negociación que terminó con un acuerdo de prórroga de los Ertes hasta el 31 de mayo. Y fracasó.

Ya entonces los empresarios abandonaron la estrategia de solicitar la retirada completa de la prohibición de despedir. En su lugar, concentraron sus demandas en que se flexibilizase su aplicación. Se apoyaron en un debate abierto entre los expertos de derecho laboral para solicitar al Ministerio de Trabajo, y por extensión, al Gobierno, que, si una empresa opta por despedir a un trabajador que ha estado en Erte, deberá devolver las cuotas con que fue beneficiado por la Seguridad Social. Trabajo no accedió y mantuvo que, en este caso, deberá devolver las cuotas de todos los trabajadores que hayan acogido al Erte.