El Gobierno y los sindicatos cerraron finalmente ayer un acuerdo bilateral, sin los empresarios, para diseñar un mecanismo de ajuste que permita financiar el gasto extra en pensiones que supondrá la llegada masiva de jubilados nacidos en el baby boom. Las patronales CEOE-Cepyme se plantaron en la mañana de ayer y rechazaron la propuesta del Gobierno en relación con el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) de las pensiones, que debe sustituir al factor de sostenibilidad, al considerar que es insuficiente, que no garantiza el equilibrio del sistema y que necesitará medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad.

El acuerdo a dos bandas cerrado entre el Ministerio de Seguridad Social y los sindicatos CC OO y UGT supone un incremento de las cotizaciones por contingencias comunes de 0,6 puntos de 2023 a 2032, respetando el actual reparto de las cuotas sociales, lo que implica que la empresa abonará aproximadamente 0,5 puntos y el trabajador 0,1.

Según explicó a última hora de ayer el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que compareció para valorar el acuerdo, esto supondrá un incremento mensual de los pagos sociales “que no llegan a 12 euros mensuales” en una base media de cotización de alrededor de 2.000 euros al mes. De esta cantidad algo menos de 10 euros los pagará el empresario y poco menos de 2 euros el trabajador.

Con esta nueva cotización extra, Escrivá dijo que pretende recaudar unos 50.000 millones de euros para volver nutrir la llamada hucha de las pensiones (el Fondo de Reserva) para costear el sobrecoste de las pensiones desde 2033 a 2050 como consecuencia de la jubilación de la generación más amplia del país. “En el caso de que no se diera una desviación de la senda de gasto previsto, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del Fondo de Reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones”, aclaró el ministerio en un comunicado y destacó también el propio Escrivá.

El resto del acuerdo indica que el importe adicional podrá ser utilizado progresivamente, a razón de un máximo de 0,2 puntos de PIB anual en la próxima década. Sin embargo, si estos fondos adicionales no fueran suficientes, el Gobierno negociará con los agentes sociales y el Pacto de Toledo una propuesta adicional para reequilibrar las cuentas reduciendo el porcentaje de gasto en pensiones sobre PIB o incrementando los tipos de cotización, entre otras alternativas. A diferencia de una propuesta anterior a la pactada con los sindicatos en las que, en un intento de sumar a los empresarios, se establecía que si el dinero no llegaba primero se ajustaría el gasto (reducción de la cuantía de las pensiones) y después se hablaría de seguir aumentando las cotizaciones, ahora estas dos posibilidades se podrán abordar al mismo tiempo.

Ante este plante de los empresarios, el ministro Escrivá se felicitó por el pacto con los sindicatos y reprochó a la patronal “no haber presentado ninguna propuesta” que reflejara los intereses empresariales durante todo el periodo de negociación. Escrivá resaltó una vez más que este incremento de cotizaciones será “contingente, temporal, finalista y supondrá solo un pequeño incremento de la cotización”, para el que ha considerado que hay perfecto margen dado que el coste laboral agregado (salarios y cotizaciones sociales) que pagan los empresarios españoles está dos o tres puntos por debajo de la media europea. Desde la Seguridad Social aclaran que, aunque los tipos de cotización sean mayores en España que en la mayoría de los países europeos, en la mayoría de ellos la base de cotización no está topada, por lo que los pagos empresariales son mayores.

Es más, aseguró que en contra de lo que han dicho los empresarios, el Gobierno calcula que el aumento de la cotización no dañará la creación de empleo, porque “en España no hay un problema de costes laborales” y por eso hay margen para subirlos, zanjó el ministro. Sin embargo, los empresarios opinan lo contrario ya que una de sus reivindicaciones históricas es la bajada de cotizaciones que ellos calculan que son las más altas de Europa. De hecho, ayer dijeron en un comunicado tras la reunión de su comité ejecutivo que la medida acordada “va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones”.