Otras fuentes de la negociación consultadas aseguran que ese rechazo no se ha manifestado en la mesa y que los empresarios remitirán sus propuestas a la mesa en los próximos días, en los que se seguirá negociando. Al término de la reunión fuentes sindicales coincidían en que no se había avanzado en la negociación, aunque aseguraban que los negociadores sí habían «entrado en los contenidos» y los habían discutido, superando así la reticencia inicial de la patronal a entrar en el fondo de los temas sin delimitar previamente «el perímetro de los temas a tratar», añadían.

Sin embargo, desde el lado empresarial la visión de la reunión no era tan optimista. Tal y como han visto sus negociadores el encuentro de hoy, las partes han analizado la propuesta de modificaciones de la reforma laboral por parte del Gobierno. Y la respuesta patronal es clara: los cambios planteados por el Ejecutivo no van en la dirección que solicita Europa. En opinión de los empresarios la propuesta gubernamental de contrarreforma laboral va contra lo que demanda la Comisión Europea a España porque resta flexibilidad a las empresas, «lo que podría acentuar la difícil situación actual y la pérdida de empleo», explican fuentes patronales.

En la propuesta planteada hoy por Trabajo se persigue la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en materia salarial. Esto significaría que, como antes de la reforma, los convenios de empresa no puedan incluir retribuciones inferiores a las marcadas por su convenio de sector. Además, los negociadores de este ministerio se han mostrado dispuestos a explorar otras fórmulas de flexibilidad interna para las empresas, siempre distintas a la devaluación salarial, añaden las fuentes consultadas.

En general, los cambios de la reforma laboral que persigue el Gobierno tendrían el objetivo de deshacer tres cuestiones fundamentales aprobadas en 2012 por el Gobierno del PP. La primera consistiría en eliminar los límites a la ultraactividad de los convenios colectivos, de forma que estos se prorrogaran automáticamente hasta que no exista uno nuevo que los sustituya. La segunda cuestión devolvería la prioridad aplicativa a los convenios sectoriales sobre los de empresas, sobre todo en materia salarial como se ha mencionado. Y, en tercer lugar, se limitaría el poder unilateral del empresario en la modificación de condiciones laborales.

En los 17 compromisos de reforma del mercado de trabajo enviados por España a Bruselas se incluyen «abordar» las cuestiones citadas en el apartado 7 del documento remitido a la Comisión, pero los empresarios consideran que eso no significa modificar estos asuntos en la línea que plantea el Gobierno. Además, al margen de este desmontaje de la reforma de 2012, desde Trabajo persiguen también acordar una nueva regulación de las subcontratas que dé más garantías a sus trabajadores equiparando sus condiciones a las de la empresa contratante o a las del convenio de su sector.

En cualquier caso, tras la reunión de ayer, los negociadores mantienen su próxima reunión semanal prevista para el miércoles próximo. Pero todo apunta a que, sacar este acuerdo adelante, que sería el octavo de la legislatura para el diálogo social, le va a costar más a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.