Las señales son crecientes desde que los empresarios dijeran basta el pasado 16 de septiembre al negarse a firmar, junto a los sindicatos y el Gobierno, un nuevo acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional otro 1,6% hasta los 965 euros. El Ejecutivo socialista ya había contado con el respaldo empresarial –no sin contestación interna en la patronal CEOE-Cepyme– para los dos anteriores incrementos del salario mínimo. En 2019, se produjo un primer incremento del 22,3% de esa renta, que fue inédito por su magnitud, ya que pasó de golpe de 735,9 euros a 900 euros mensuales (en 14 pagas). Después vinieron otras dos subidas. En total, desde que gobierna Sánchez el salario mínimo ha subido 229 euros, un 31%. El impacto en las cuentas de las empresas de estas subidas no afectan exclusivamente a los trabajadores que cobran el salario mínimo, que no llegan al medio millón, sino que tienen un efecto empuje en las escalas salariales más bajas de los convenios que tienden a subir en siguientes negociaciones.

Bien es cierto que estas alzas del salario mínimo no han sido trasladadas a las bases mínimas de cotización, como era habitual. Pero Sánchez sí acometió una fuerte subida a las bases máximas –por las cotizan más de un millón de trabajos con salarios superiores a los 4.000 euros– en 2019, cuando las incrementó más de un 8%. Ahora el Gobierno acaba de anunciar un nuevo incremento de estas cuotas del 1,7% para 2022. Una medida que pilló desprevenidos a los empresarios, que se quejaron de no haber sido siquiera informados.

Ahora, el nuevo incremento de medio punto de las cotizaciones sociales entre 2022 y 2032 planteado por el Gobierno, a través de su Ministerio de Seguridad Social ha sido la gota que ha colmado el vaso de los empresarios. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi estalló ayer contra esta medida, propuesta para costear el aumento del gasto en pensiones por el babyboom. “Queremos saber que es lo que se quiere hacer, queremos ver el mapa completo [del mecanismo de ajuste de las pensiones], dado que las cotizaciones son ya del 30%, las más elevadas de Europa, no solo es el 0,5%”, señaló ayer Garamendi en XX Congreso Directivos CEDE en Córdoba. Y reiteró su enfado por la premura que exige el Gobierno para que acepten este aumento de costes laborales. “A mí no me vale hoja y media [que es lo que ocupaba la propuesta] para decirme que tengo que dar el visto bueno dentro de 14 días, es muy poco serio, cuando el Gobierno ha tenido seis meses, siete, un año para prepararlo”, añadió visiblemente molesto.

El aumento de los costes laborales en los últimos tres años, así como la evolución de los salarios y los beneficios empresariales desde la pandemia sirven para justificar el malestar patronal, que se ha acrecentado en plena negociación crucial de las reformas laboral y de pensiones. Así, en los tres años previos a la llegada de Sánchez a la Moncloa en plena recuperación de la crisis financiera, el coste laboral por hora trabajada avanzó un 0,3% anual de media, frente al 3% anual entre la mitad de 2018 y la actualidad, según datos corregidos del Instituto Nacional de Estadística. Además, la participación de las rentas salariales en el PIB ha escalado desde el inicio de la pandemia del 51% (una participación similar a la que existía en los años previos al Gobierno socialista) al 54% mientras que la participación de los beneficios empresariales ha bajado en estos años del 48,4% al 45,8%. Los empresarios advierten que esta caída no solo ha lastrado los beneficios sino también la inversión, ya que el flujo inversor ha caído un 3,1% respecto al periodo 2015-2018 y ha descendido un 6,5% respecto a antes de la pandemia.

Pero la queja patronal no viene solo de la parte de los costes laborales sino también del lado tributario. Las medidas gubernamentales que han incrementado los costes empresariales se han concentrado en las medidas presupuestarias aprobadas para 2021 y 2022. Del lado del impuesto de Sociedades, el primer paso fue aprobar para este año una rebaja del 100% al 95% en las exenciones sobre dividendos y plusvalías de las participaciones de compañías españolas en filiales. Por cada 100 euros percibidos de estas, las empresas españolas han pasado a pagar en general 1,25 euros (el 25% de tipo nominal del impuesto sobre el 5% no exento) y 1,30 euros en el caso de banca y petroleras (cuyo tipo de partida es del 30%). La medida, según Hacienda, recae sobre las 1.739 mayores firmas del país (el 0,12% de todas las registradas) con el objetivo de aportar 1.520 millones a las arcas públicas. Hasta septiembre, sin embargo, y a falta del grueso de los pagos, solo dejaba cuatro millones.

La gran novedad llega para 2022, cuando el Ejecutivo propone fijar un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible (18% para banca y petroleras) a las empresas que facturen al menos 20 millones al año. Hacienda estima que este mínimo solo elevará la tributación de 1.070 compañías, que abonarían 400 millones más.

En paralelo a los Presupuestos, el Gobierno impulsó desde mediados de enero dos nuevas figuras tributarias. De un lado está el impuesto sobre determinados servicios digitales, la llamada tasa Google, que grava al 3% las operaciones de publicidad online, intermediación digital y venta de datos de usuarios de firmas que facturan más de 750 millones en el mundo y tres en España. Si bien su objetivo era recaudar 968 millones en un año, en nueve meses solo ha arrojado 209 millones y Hacienda trabaja ya en rebajar sus estimaciones.

Algo similar ha ocurrido con el impuesto a las transacciones financieras, la tasa Tobin, que preveía recaudar 850 millones y solo lleva 93. El impuesto grava al 0,2% la compraventa de acciones neta diaria de compañías españolas con capitalización de más de 1.000 millones. Finalmente, aunque el impacto no es directo, el Gobierno ha comenzado a fomentar los planes colectivos de pensiones frente a los individuales elevando la presión sobre las empresas para que los ofrezcan a sus plantillas.