El Gobierno va a obligar a los comerciantes a ofrecer a los consumidores la posibilidad de utilizar algún instrumento de pago, como alternativo al dinero en efectivo, en transacciones cuyo importe supere la cantidad de 30 euros. El instrumento de pago disponible deberá anunciarse en algún lugar visible del local, establecimiento o instalaciones del empresario o profesional. Esta iniciativa forma parte del Anteproyecto de Ley de Servicios de Pago con el que se traspone la Directiva europea 2015/2366, que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta.

Según informa el Ministerio de Economía en un comunicado, con este anteproyecto se va a dar cabida a dos nuevos servicios de pago. “Por un lado, a los servicios de iniciación de pagos, que son intermediarios, generalmente entre comerciantes y consumidores, que garantizan el pago del consumidor al comerciante directamente, constituyendo una alternativa a los pagos con tarjetas. A estos se suman, por otro lado, los servicios de información sobre cuentas (agregadores de cuentas), que son entidades que consolidan toda la información de las diversas cuentas que tiene abiertas un usuario en diferentes entidades y la clasifican por categorías (categorías de gasto o de ingresos, por ejemplo)”, asegura.

Además, incluye que se reduzca de 150 a 50 euros las pérdidas máximas que un cliente deberá asumir en el caso de que se produzca una operación de pago no autorizada como consecuencia del uso fraudulento, extravío o robo de la tarjeta u otro instrumento de pago. Y también el plazo de respuesta para la resolución por parte de las entidades de las reclamaciones de los usuarios de servicios de pago (a 15 días, frente a los dos meses que se establecía anteriormente). El texto debe obtener aún los dictámenes correspondientes y volverá de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado como Proyecto de Ley e iniciar la tramitación parlamentaria.